El presidente del club, imputado en otro fraude de más de 200 millones

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Mario Pestana, que instruye diligencias contra Jesús Gil, alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, por un supuesto fraude de más de 200 millones de pesetas y un presunto alzamiento de bienes, ha dispuesto que la causa continúe como procedimiento abreviado. Las partes personadas pueden solicitar la apertura del juicio oral y formular escrito de acusación.La Fiscalía Anticorrupción remitió en 1997 a ese juzgado un relato de sus pesquisas sobre dos operaciones inmobiliarias denunciadas por Isabel García Marcos, edil socialista de Marbella. Dicho juzgado ya indagaba acerca de una querella contra Gil de los acreedores de Servicios Monetarios, SA (Sermosa), una empresa de servicios financieros inmersa en un procedimiento de quiebra instado por ellos mismos, que le reclaman más de 3.000 millones.

Según el auto, del pasado 6 de octubre, un juzgado madrileño declaró el 23 de abril de 1992 el estado de quiebra necesaria de Sermosa, que había solicitado la declaración de quiebra voluntaria. Pero meses antes, cuando era "razonable presumir que la situación económica de Sermosa era crítica y conocida" por su administrador único, éste, Benigno Vázquez, "contactó" con Gil y José Luis Jiménez, quienes negociaron la venta de las fincas que constituían su activo financiero y de otra propiedad de la mercantil Andaluza de Impresión, SA, cuyo capital pertenecía a Sermosa. Las fincas, en Marbella y Madrid, fueron adquiridas por el Club Financiero Inmobiliario, "sociedad mercantil administrada y controlada por Gil", según el juez. La operación se cerró en 382 millones de pesetas.

"Así, y sabiendo de la inminencia de la declaración de quiebra de Sermosa y del destino legal de sus activos", se indica en el auto, Gil y Vázquez, "previa resolución de dicha inicial venta, volvieron a otorgar escritura de compraventa de dichas fincas". Las de la calle de O"Donnell, de Madrid, fueron vendidas nuevamente al Club Financiero, por 90 millones, y las de Marbella, a la sociedad municipal Contratas 2000, representada por José Luis Jiménez, que pagó 500 millones cuando la primera operación había sido cerrada en 292.

Sin acreditar precio

"Todo ello", prosigue el juez, "sin que conste mínimamente acreditado que el precio de la compraventa, descontadas las retenciones estipuladas para liquidar los créditos hipotecarios que afectaban a dichas fincas, se incorporase al patrimonio de Sermosa". Posteriormente, Andaluza de Impresión vendió una nave a Contratas 2000. Y un año más tarde, en octubre de 1993, todas las fincas adquiridas por esta sociedad fueron enajenadas al Ayuntamiento de Marbella.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Gil no sólo participó en representación de su empresa y de la Corporación marbellí, sino que fue quien recibió "el dinero" -"más de 207 millones en perjuicio de las arcas municipales"- abonado por Contratas 2000.