El juez García-Castellón registra el estadio Vicente Calderón y varias oficinas de Gil

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón reactivó ayer el caso Atlético. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado declaró secretas las actuaciones y se incautó de numerosos documentos en varios registros en oficinas de Jesús Gil, del Atlético de Madrid y en el despacho del abogado José Luis Sierra, que hasta el pasado verano trabajaba para el alcalde de Marbella. La documentación será estudiada durante esta semana y, más tarde, el magistrado citará previsiblemente a declarar a Gil y a los otros seis imputados por estafa, falsedad y delito societario.

El caso Atlético se inició por una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil; el entonces vicepresidente, Enrique Cerezo; el actual director general del club e hijo del presidente, Miguel Ángel Gil Marín; el letrado y ex asesor jurídico José Luis Sierra; los auditores del Atlético Pablo de Castro Lapuente y Luis Gonzalo Pérez, y el ex teniente de alcalde de Marbella Pedro Román Zurdo.La Fiscalía relataba en la querella una serie de hechos, entre los que figuraban las presuntas irregularidades en la transformación del club en sociedad anónima deportiva, cuando, al encontrarse en quiebra técnica, tendría que haber descendido a Segunda División B. La Fiscalía consideraba que los hechos constituían "una grave defraudación, estimada inicialmente en más de 4.000 millones de pesetas, que ha producido o puede producir una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional".

"Como en la Gestapo"

Los registros se iniciaron simultáneamente a las diez de la mañana en el estadio Vicente Calderón y en las dos oficinas madrileñas del Club Financiero Inmobiliario, en la calle Príncipe de Vergara, número 3, y en los bajos de la Torre de Valencia. Durante varias horas, agentes de la Guardia Civil procedieron a intervenir todos los documentos relativos a la contabilidad y el proceso de transformación del Atlético en sociedad anónima deportiva.

Previamente, el juez había dictado un auto por el que notificaba a Gil que podía estar presente durante la apertura de una caja de seguridad de una empleada suya, Rosa Martín Negro, en la que la Fiscalía suponía que podrían encontrarse documentos comprometedores para el presidente del Atlético de Madrid. A media mañana, Jesús Gil se personó en la Audiencia Nacional, donde explicó que la alcancía alquilada de la oficina principal de La Caixa, en Madrid, no le pertenecía, ni tenía nada que ver con él, por lo que no asistiría al registro.

A la salida del juzgado, Gil, en su línea habitual, manifestó a los periodistas que la reactivación del caso responde a "una persecución permanente" contra su persona. "Están dando palos de ciego porque no tienen caso. Es para crear escándalo y tal. Esto es por lo que pasó el sábado con el GIL [este partido celebró una reunión en Madrid donde anunció que presentará candidaturas a las próximas elecciones generales y a las autonómicas andaluzas]. Me da igual. Voy a inaugurar las oficinas en la calle de Montera. No me van a parar por esto. Esto es como la Gestapo", afirmó.

El presidente del Atlético y alcalde de Marbella dijo que tiene ganas de que le reciba el juez para declarar, porque ayer, según explicó, no llegó a verle.

La caja de seguridad de La Caixa fue abierta por la comisión judicial a las cuatro de la tarde. Según aseguró Gil en un comunicado, se encontraba vacía. La nota explica: "La historia real es que una empleada de Gil desde hace más de 15 años conocía la entidad La Caixa al estar en el departamento de contabilidad, así como a las personas que allí trabajan, donde tenía y tiene abierta cuenta Jesús Gil; y con motivo del fallecimiento de su suegra [de Rosa Martín], solicitó alquilar una caja para guardar unas joyas y 500.000 pesetas en dinero; ese era todo el tesoro, y al poco tiempo dejaron la caja sin contenido habiéndose olvidado de la misma".

Una comisión judicial integrada por 14 personas se personó a las diez de la mañana en el estadio Vicente Calderón, donde tras mostrar la orden de registro al gerente y abogado del club, Clemente Villaverde, y al director general, Miguel Ángel Gil Marín, indicaron a los empleados de la oficina que abrieran los despachos, los armarios y los cajones. La operación se prolongó durante ocho horas.

El responsable de relaciones externas del Atlético, Gordon Savic, aseguró tras la diligencia judicial que la comisión había intervenido numerosos documentos, sin especificar su contenido, aunque precisó que los papeles requisados son "fiel reflejo de la contabilidad del club". Savic insistió en que el club había facilitado la labor de los investigadores y añadió que no habían revisado los ordenadores, aunque no les habían permitido usarlos, ni les habían comunicado qué buscaban.

Por móvil desde el retrete

Idéntica operación se efectuó en el Club Financiero Inmobiliario, sede de una veintena de sociedades vinculadas a Gil, entre ellas Promociones Futbolísticas, una de las que figuran en la querella por las irregularidades en la transformación del Atlético en Sociedad Anónima Deportiva. Por cinco horas, los nueve agentes comisionados registraron los despachos, incluido el de Jesús Gil, e impidieron el uso de los teléfonos, según los trabajadores, por lo que Gil efectuó llamadas telefónicas desde un retrete con un móvil. Los agentes también intervinieron gran cantidad de documentación en estos despachos.

Otra comisión judicial registró el despacho profesional del ex asesor jurídico de Gil y también querellado, José Luis Sierra. Concluida la operación, el letrado aseguró que únicamente ha podido facilitar escrituras públicas que ha utilizado en los pleitos relacionados con Gil. Sierra añadió que nunca ha participado en operaciones financieras de Gil y que desconoce el número de cuentas de éste y dónde las tiene.

La Fiscalía tenía previsto estudiar esta semana la documentación incautada y, a partir de la próxima semana, instar la citación para declarar, en calidad de imputados, a todos los querellados. Fuentes jurídicas señalaron que no hay previsiones de que la Fiscalía Anticorrupción solicite medidas cautelares de carácter personal, es decir, prisión preventiva, contra Gil o cualquiera de los otros querellados, salvo que de los registros se derivara la existencia de otros delitos graves.