Tarancón pacta con Covapa un convenio de 375 millones que carece de cobertura jurídica

El Pacto por la Educación anunciado el 27 de mayo por el consejero de Educación, Manuel Tarancón, y el presidente de la Confederación Valenciana de Padres de Alumnos (Covapa), José Antonio Ranchal, contemplaba otro acuerdo más rentable que, sin embargo, no se hizo explícito ese día. Se trata de un convenio de 375 millones para "sufragar el costo del funcionamiento y actividades de Covapa" que, según abogados del Consell, "jurídicamente es inviable". Régimen Económico ha pagado ya 20 millones por el "protocolo del convenio" y uno para "sufragar asambleas".

Bajo el manto del Pacto por la calidad de la enseñanza y del discurso de la Administración del PP basado en "la participación de los padres en el sistema educativo", se oculta un acuerdo económico más fructífero negociado personalmente entre el consejero Manuel Tarancón, el director general de Régimen Económico, José Luis Serna, y el presidente de Covapa, José Antonio Ranchal, antes de las elecciones autonómicas del 13 de junio. "En esa etapa de las negociaciones del convenio, se puso sobre la mesa que la Consejería de Educación sufragaría el costo del funcionamiento y actividades de Covapa que se cifró en aproximadamente 375 millones de pesetas anuales", según recoge una extensa acta de la ejecutiva de Covapa, fechada el pasado 9 de septiembre, con el visto bueno de Ranchal y el aún presidente del sector oficialista de la federación de padres, FAPA-Valencia, Antoni Garcés, al que ha tenido acceso EL PAÍS, donde se detallan las múltiples reuniones celebradas en la consejería entre mayo y septiembre pasados. El documento revela, además, la existencia de diversos ingresos realizados por adelantado por el director general José Luis Serna, que no cuentan con la aprobación de los abogados de la consejería. "El día 8 de julio se firmó un protocolo de convenio por valor de 20.000.000 pesetas que fue informado negativamente por los servicios jurídicos", precisa. "Por otra parte", añade, "ya se ha producido el ingreso de 1.000.000 pesetas en concepto de la subvención solicitada a la Dirección General de Régimen Económico para sufragar los gastos generados por la celebración de las asambleas" y "se ha procedido al abono de desplazamientos pendientes por 593.000 pesetas".

Abogados de la Administración consultados por este periódico consideran que "un convenio de este tipo no tiene amparo legal. No existe un decreto o una orden que regule este tipo de convenios económicos para las asociaciones de padres". "Tan sólo existe la orden de subvenciones a las federaciones, que tiene su propia línea de financiación fijada en los Presupuestos anuales de la Generalitat Valenciana". Por la vía reglamentaria, recogida en los Presupuestos de 1999, "la subvención concedida a Covapa es por un importe de 8.715.000 pesetas".

Pese a que la consejería está costeando las asambleas de padres, "la situación económica es complicada", asegura el presidente de Covapa. A lo largo de todo el informe, Ranchal manifiesta su preocupación y la de su homólogo en la fracturada FAPA-Valencia, Antoni Garcés, por el retraso en la consolidación del convenio de 375 millones anuales. "[Garcés] Tiene la duda de si la consejería apuesta de verdad por consolidar nuestro movimiento a través del Pacto o si, una vez conseguida la mayoría absoluta en las pasadas elecciones ha perdido interés".

Este planteamiento es rechazado por el vicepresidente de Covapa, Matías Terol, y el vocal Juan Llosa, convencidos ambos de que "el convenio saldrá adelante, quizás no en los términos previstos inicialmente [de 375 millones], pero sí como un punto de referencia que iremos mejorando con el tiempo". De entrada, se detalla que: "En una reunión que se mantuvo con José Luis Serna nos ofreció soluciones para resolver la situación económica de ambas organizaciones [Covapa y FAPA-Valencia], basadas en préstamos bancarios [con Bancaixa se precisa] y ofreciéndonos toda una serie de facilidades".

Ambos presidentes, Ranchal y Garcés, plantean en el informe que la consecución final del "convenio" de 375 millones, depende ahora de la nueva coyuntura política surgida de la contienda electoral del 13-J y del futuro incierto que pesa sobre la dirección de FAPA-Valencia (la más fuerte númericamente y más crítica), ya que en la próxima asamblea del 21 de noviembre medirán sus fuerzas el sector oficialista de Garcés y la gestora formada por el sector crítico, que se opone al Pacto y a "la política de compra de voluntades". El diagnóstico del presidente de Covapa apuesta por "acelerar los pasos".

Según recoge el texto, Ranchal afirma: "Los tiempos que hemos marcado han sido muy rápidos y han creado una sobrecarga a nivel administrativo con la acumulación de la firma del Pacto, del convenio, y ahora con el incremento del mismo". Para acelerar los trámites y ante la inminencia de las elecciones a consejos escolares, ya han hablado con la subsecretaria de Educación y ex diputada del PP, Ascensión Figueres, para reunirse con el consejero Manuel Tarancón.