El PSOE pide al fiscal que investigue tres delitos en el caso de Tarifa

El PSOE entregó ayer a la Fiscalía de la Audiencia de Cádiz toda la documentación escrita y sonora que está en su poder sobre la actuación del Ayuntamiento de Tarifa en relación con la finca El Chaparral, una superficie de 436 hectáreas sobre la que se proyecta una operación turística con 1.200 plazas hoteleras y campo de golf, y una inversión de 25.000 millones de pesetas por parte de una empresa radicada en Estepona y representada por el gibraltareño Antonhy di Napoli. El secretario del PSOE de Cádiz, Francisco Vázquez Cañas, y el portavoz en el Ayuntamiento de Tarifa, Antonio Ruiz, comparecieron ante el fiscal para pedirle que investigue si tres responsables de la anterior corporación incurrieron en delitos de cohecho, tráfico de influencias y de información privilegiada en la tramitación de este proyecto y en otras actuaciones urbanísticas y económicas. "Hay indicios", sostuvo Vázquez, quien dijo que su iniciativa es "un ejemplo de moralidad pública".

Entre los documentos entregados al fiscal figura una cinta recibida de forma anónima en la que supuestamente dos constructores hablan de pagos por valor de 25, 15, siete, cinco y tres millones de pesetas, en distintas ocasiones a tres ediles tarifeños: el ex alcalde José Fuentes, de Tarifa Agrupación Independiente Popular (TAIP); Antonio Casado, ex primer teniente de alcalde (TAIP); y el de Antonio Guerrero (PAP), ex concejal de Turismo y Patrimonio. Los tres integraban el equipo de gobierno junto a concejales del PP.

Fuentes gobierna ahora con el PP y un tránsfuga de IU, Juan Andrés Gil, alcalde gracias al apoyo de populares e independientes. El fiscal tiene también ya cartas remitidas por Fuentes y Casado a un bufete de abogados de Cádiz en las que avanzaban la posibilidad de adquirir el suelo de El Chaparral e informaban de que podría ser recalificado después.