Bruselas detectó un posible "fraude organizado" en el algodón en 1997

La Comisión Europea advirtió a las autoridades españolas, el 10 de marzo de 1998, que, en virtud de una misión enviada a Andalucía para inspeccionar los cultivos herbáceos del 8 al 12 de septiembre de 1997, y otra realizada en octubre del mismo año para inspeccionar cultivos de algodón, había sospechas de "irregularidades a gran escala" que "no permiten excluir la hipótesis de un fraude organizado".

La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía aseguró ayer que en la campaña en la que tuvo lugar el presunto fraude (96/97), las competencias de gestión y control de las ayudas eran del Ministerio de Agricultura que entonces dirigía Loyola de Palacio. Según la Junta, la tramitación, gestión y pago de las ayudas fueron asumidas por el Gobierno regional en la campaña 1997/1998.Por su parte, la ex ministra de Agricultura y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, aseguró que "en España, en general, hay una actuación correcta por parte de todos los agricultores y normalmente de las administraciones".

Precisamente, durante el debate en el Congreso del dictamen de la Comisión de Investigación para analizar las ayudas de la UE al cultivo del lino, se aludió a la existencia del informe sobre el algodón, en el que se imputan a la Junta de Andalucía deficiencias en el control del cultivo, tras la inspección de las cosechas de 1996 y 1997. A la vista de la "gravedad" de las conclusiones contenidas en el informe, se informa a los autoridades españolas que los servicios de la Comisión tienen previsto proponer que se excluya de la financiación comunitaria una parte de los gastos declarados.

Control insuficiente

Respecto al control administrativo en Andalucía, se califica de "insuficiente" el seguimiento de los trabajos de las Delegaciones Provinciales llevado a cabo por la Consejería; se asegura que una parte de los controles se realiza "demasiado tarde"; se destaca que los resultados de los controles por teledetección "a veces son sorprendentes" y se sostiene que, en algunos casos, "las sanciones no se aplican o se aplican mal", algo que estiman "inquietante".Además, las conclusiones del informe destacan que los datos relativos al rendimiento de algodón, girasol y colza "plantean interrogantes sobre la pertinencia del análisis de riesgo" y explican que tres de los once controles sobre el terreno repetidos por los inspectores de la Comisión "resultaron incorrectos".

En este punto, se observa en estas tres explotaciones "importantes divergencias" entre las superficies declaradas y las registradas: en un caso no se aplicaron las sanciones establecidas y en los otros dos, "el inspector aceptó una superficie en barbecho que habría debido rechazarse por completo".

Por todo ello, en las conclusiones se enuncia que los riesgos de las pérdidas son "múltiples": por un lado, la inaplicación de las sanciones "aumenta la incitacion al fraude" y, además, la magnitud de las superficies registradas como no subvencionables tras los controles sobre el terreno "parece ser la parte visible del iceberg en lugar del resultado de un análisis de riesgo pertinente que habría permitido concretar los controles en las solicitudes con irregularidades".

Se añade, además, que los rendimientos de 1996 son "asombrosos" en el caso del algodón y del girasol "y muy alarmantes" en el caso de la colza.

"Con solamente 400 kilógramos por hectárea de las superficies de regadío en la provincia de Sevilla, debe estudiarse la subvencionalibilidad de todas las superficies plantadas de colza en esta provincia, más de 36.000 hectáreas", se explica en el informe. "El análisis de los rendimientos reales en 1996 afianza la sensación de que se han cometido fraudes importantes: el rendimiento de girasol de regadío en Andalucía es de 2,01 toneladas por hectáreas -muy bajo- mientras que el rendimiento de algodón de regadío en la misma región es de 3,95 toneladas por hectarea -elevado-, destaca el informe.