El Poder Judicial avala la rebaja de pena por colaborar con banda armada

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apoyó ayer la reforma del delito de colaboración con banda armada en el Código Penal para adecuarla a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el caso de la Mesa Nacional de Herri Batasuna. La reforma, aprobada por 18 votos a favor y tres en contra (entre ellos el del consejero vasco Emilio Olabarría), reduce de cinco a tres años el tiempo mínimo de prisión que se puede imponer a un colaborador con banda armada.

La sentencia del Tribunal Constitucional que amparó a los 23 miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna llegó a la conclusión de que el principio de legalidad penal resultó vulnerado, ante la "relevante desproporción" entre la gravedad del delito que se trataba de impedir -colaboración con ETA mediante la difusión de un vídeo de la banda armada en la campaña electoral de 1996- y la gravedad de la pena prevista y aplicable al caso. Los reproches vertidos en la sentencia, aunque se referían a la regulación penal de 1973, podrían reproducirse respecto al artículo 576.1 del Código Penal de 1995. Por tanto, la reforma propuesta por el ministerio de Justicia y aceptada ayer por el Pleno del Consejo propone la siguiente redacción: "Será castigado con las penas de prisión de tres a 10 años y multa de nueve a 24 meses el que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una banda armada, organización o grupo terrorista".La reforma se circunscribe a reducir el límite mínimo de la pena prevista para los delitos de colaboración con banda armada, de modo que la pena actualmente vigente, prisión de 5 a 10 años y multa de 18 a 24 meses, pasaría a ser de 3 a 10 años y multa de 9 a 24 meses.

Según el informe del CGPJ, la pena a imponer por colaboración con banda armada comportaba un coste excesivo para los valores constitucionales, al equipararse a la que correspondía a delitos de notoria gravedad como el aborto doloso no consentido por la embarazada, sedición, pertenencia a banda armada, agresiones sexuales graves, robo con torturas...

El vocal Emilio Olabarría, propuesto por el PNV, votó en contra de la reforma por entender que el problema "está más en la tipificación que en la cuantía de la pena". Para Olabarría, en ese delito se puede incluir cualquier conducta, incluso algunas "de muy poca gravedad". Olabarría se pronunció a favor de que los grupos parlamentarios consensúen una reforma del precepto en su conjunto y no se queden en una rebaja de la pena.