"Hay un afán político por controlar la justicia y a los jueces"

Eugeni Gay Montalvo (Barcelona, 1946), presidente del Consejo General de la Abogacía desde hace más de seis años, contesta a la satisfacción presupuestaria manifestada ayer por la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y al entusiasmo por su Ley de Enjuiciamiento Civil cuando todavía están vivos los ecos de su intervención, crítica, ante el rey Juan Carlos, el pasado 28 de septiembre, en la inauguración de la nueva sede de su institución.Medios próximos al Gobierno han reprochado los ataques de Gay a la política de justicia que viene manteniendo el Partido Popular.

Pregunta. Tratándose de un acto protocolario, ¿se excedió usted?

Respuesta. Yo siempre he hablado delante del Rey con absoluta libertad, y así lo hice en esta ocasión. Afortunadamente, la respuesta del Rey fue, como siempre, de apoyo al derecho de defensa. Por lo demás, la abogacía no hace actos protocolarios, sino que en los actos en que está presente y se expresa manifiesta su criterio, que es absolutamente independiente. El Rey ha respetado esa independencia de forma exquisita siempre.

P. La ministra de Justicia, Margarita Mariscal, presente en dicho acto, ha declarado que no comparte sus apreciaciones sobre la justicia.

R. Yo comprendo que no las comparta porque, si las hubiera compartido, tendríamos otra justicia. El grave problema es precisamente que nuestra justicia no está a la altura que merece un Estado social de derecho como el nuestro y nuestra propia realidad social.

P. A pesar de su enfrentamiento con la ministra, usted ha ofrecido una leal colaboración al Gobierno.

R. Yo siempre ofrecí colaboración, desde la independencia. Nosotros apoyamos, en principio, la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero después la cambiaron y donde ponía que el abogado era preceptivo lo quitaron sin consultarnos. Eso sí me parece que son razones gremiales, de catedráticos o de lo que sea. Y cuando presentamos casi 600 enmiendas nos admiten dos, aunque otras cien se han incorporado a la ley a través de los grupos parlamentarios. Luego, resulta que nos dan el texto de un estatuto y, cuando lo aprobamos, el Gobierno no lo aprueba.

P. ¿Tiene previsto algún encuentro con el presidente, José María Aznar?

R. Tenemos solicitada una entrevista, pero éste es un problema que no debería dejarse al presidente, sino que debe resolverlo quien tiene la responsabilidad de la justicia. A mí no me gustaría tener que hablar de este tema con Aznar.

P. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre el modelo de justicia que usted propugna y el del Gobierno?

R. En primer lugar, la dotación de los medios materiales necesarios. En segundo, el mal endémico de los retrasos de cuatro años e incluso más para resolver los asuntos a pesar de que los abogados sí cumplimos los plazos.

P. ¿De quién es la culpa de esos retrasos?

R. Está demostrado que no es de los jueces, sino de no tener un número suficiente de ellos para atender el volumen de demanda de justicia. Los 3.000 jueces de aquí no guardan proporción con los de Francia o Alemania. Habría que duplicarlos. Y, como contrapunto, la falta de una regulación del acceso a la abogacía hace que conviva esa escasez de jueces con decenas de miles de abogados, cifra insólita en otros países europeos.

P. La ministra de Justicia calificó ayer de "espléndido" su presupuesto para el año 2000. ¿Qué dotación cree adecuada?

R. Es difícil dar una cifra concreta, pero lo que sí está claro es que el 1% es insuficiente y la ministra debería preocuparse muy seriamente. En otros países europeos tal proporción se duplica y hasta sextuplica. La justicia es tan importante como la enseñanza o la sanidad y, sin embargo, aquí está olvidada.

P. Mariscal de Gante dice que invierte miles de millones de pesetas, por ejemplo, en informática.

R. Ya sabemos en qué ha consistido la informatización de la justicia: en proveer a los órganos judiciales de ordenadores, que se usan como meras máquinas de escribir con pantalla, sin que los avances de la informática hayan penetrado en la Administración de Justicia. No hay ninguna resolución judicial que llegue por vía informática a los despachos de los procuradores y abogados. Al final del milenio, siguen haciéndose los trámites judiciales como hace cien años.

P. Precisamente, la Ley de Enjuiciamiento Civil que promueve el Gobierno pretende modernizar una justicia anacrónica. ¿Es tan mala esa ley para los ciudadanos?

R. Yo creo que es una ley necesaria y, en líneas generales, bienintencionada, pero completamente insuficiente. Y es una ley tan poco debatida que en 900 artículos se han aceptado más de mil enmiendas. Y ni siquiera así se ha logrado que los grupos políticos aprueben la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, vinculada a la ley procesal. Sería una temeridad poner en vigor esa ley sin consensuar esa reforma.

P. La ley contribuirá a que los acreedores cobren sus deudas. Eso es bueno, ¿no?

R. Pero será papel mojado si no existen las infraestructuras necesarias.

P. El PP les acusa de descalificar una ley de 900 artículos sólo porque uno prevé que las reclamaciones inferiores a cinco millones puedan iniciarse sin abogado ni procurador.

R. Insistimos en el derecho de defensa porque es fundamental. Y nadie debería escandalizarse porque está en la Constitución. Además, a diferencia de otros países, aquí existe el fenómeno del intrusismo en cuanto se deja un vacío. En los actuales juicios de faltas, en los que no es preciso abogado, numerosas mujeres maltratadas no han logrado, por falta de asistencia letrada, articular una prueba y se ha producido un alto índice de absoluciones. Nosotros hemos defendido la oralidad para que los argumentos sean escuchados por el tribunal colegiado, no sólo por el ponente. Y nos parece muy bien la inmediación, pero siempre que haya jueces suficientes para atender personalmente a los ciudadanos.

P. La ley permitirá también una más eficaz ejecución de las sentencias.

R. Para que las administraciones públicas, que son las que menos las ejecutan, cumplan las sentencias no debería ser necesaria una ley, sino el propio ejercicio del deber de cumplir las decisiones judiciales.

P. ¿En qué basa su apreciación de politización de la justicia?

R. Aparte de en los retrasos excesivos en la renovación de órganos como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, percibo un afán por parte de los políticos de controlar la justicia y a los jueces o, al menos, de asegurarse de que va a haber jueces de su cuerda. Y lo que hay que buscar es jueces que sean imparciales y sometidos a la ley.