De la sociedad civil a la mafia política

La Asamblea Federal del CDS aprobó el pasado sábado el nombramiento de Mario Conde como su candidato electoral a la presidencia del Gobierno. El abordaje por el ex banquero de los pecios de unas siglas reducidas a su mínima expresión tras repetidos naufragios en las urnas implica una burla cruel para los fundadores y ex militantes de un partido que aspiró a heredar el legado de UCD: sean cuales fueren los hipotéticos deslices cometidos por Adolfo Suárez -retirado de la vida pública desde 1991 por decisión propia- en sus relaciones con Mario Conde, la figura del presidente del Gobierno que llevó en 1976 a buen puerto la transición a la democracia merece el respeto de todos los españoles decentes. La decisión de secuestrar el CDS para quedarse con sus derechos de piso en el mercado electoral y con su imagen reformista confirma la implacabilidad de este aventurero emparentado con los robber barons norteamericanos de finales del XIX; esa desalmada maniobra, por lo demás, se inscribe dentro de una estrategia aplicada antes por otros caballeros de industria para usar ilícitamente los derechos constitucionales a la asociación, la representación y la participación políticas como baluarte frente a la persecución penal y como llave maestra para abrir las puertas de suculentos negocios.José María Ruiz-Mateos fue el primero en descender a la arena electoral tras ser extraditado desde Alemania por un conjunto tasado de delitos relacionados con su gestión al frente de la expropiada Rumasa de los que finalmente sería absuelto; designado parlamentario europeo en 1989 como candidato de una Asociación de Electores bautizada con sus apellidos, la fortuna no ha vuelto a sonreírle ante las urnas, pero no ceja en el intento. Jesús Gil, por su parte, descubrió en 1991 la posibilidad de embridar las instituciones públicas al servicio de fines privados mediante la mutación de la naturaleza conceptual de los partidos (definidos por la Constitución como cauces del pluralismo, formadores de la voluntad popular e instrumentos fundamentales para la participación política) en un engendro teratológico especialmente diseñado para promover sus negocios inmobiliarios.

En 1991 las redundantes siglas del GIL conquistaron el Ayuntamiento de Marbella, convertida en cabeza de playa de una invasión que se extendió en 1995 a otros municipios de la Costa del Sol y que ha llegado en 1999 a La Línea, Ceuta y Melilla. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción llevan a concluir que la opaca privatización de la esfera pública llevada a cabo por el alcalde de Marbella no se limitó a sacrificar los intereses generales en provecho de sus intereses particulares, sino que aplicó también procedimientos delictivos a la tarea. Resulta lógico, así pues, que Jesús Gil se proponga ahora dar el salto desde el ámbito municipal hasta el escenario nacional y anuncie su presentación a las próximas elecciones generales en busca de inmunidad parlamentaria y aforamiento en el Supremo.

Condenado ya por sentencia firme a cuatro años y dos meses de cárcel y con una petición fiscal de 49 años de prisión en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional, Conde no descarta la posibilidad de llegar a un acuerdo electoral con Ruiz-Mateos y Jesús Gil para juntar fuerzas; la novedad aportada por el ex banquero a la estrategia conjunta de falsear las instituciones de la democracia representativa en beneficio propio ha sido la luminosa idea de adquirir un partido llave en mano. Los escarceos políticos de Conde y la masiva compra de periodistas y de medios de comunicación antes de la intervención de Banesto a finales de 1993 pretendieron montar una máquina disuasoria capaz de garantizar su impunidad penal. Los aduladores al servicio del ex banquero (con Ramírez, Sebastián, Campmany y Cacho a la cabeza) loaban entonces su papel de príncipe de la sociedad civil dispuesto a regenerar la vida pública por su misma base; amargado de sus anteriores experiencias ("desde la sociedad civil no se pueden defender las cosas"), pero inasequible al desaliento, Conde anuncia ahora su propósito de comparecer ante las urnas (aunque su candidatura incurra claramente en una causa de ineligibilidad) para revitalizar la democracia española en su nueva condición de capo de la mafia política en la que también militan Ruiz-Mateos y Jesús Gil.