Legalidad, legitimidad y partitocracia

Recuerdo que en mi época de estudiante en la facultad de Derecho, nos explicaban las diferencias entre el principio de legalidad y el de legitimidad, porque ambos conceptos no tienen necesariamente que andar vinculados, aún cuando ello pueda parecer imposible. Por supuesto lo deseable y correcto es que toda norma legal sea a la vez legitima, pero no ocurre siempre. Viene esto a cuento, a la hora de analizar la situación generada en el seno del PSPV-PSOE, después del almuniazo, es decir la toma del poder por encima del pronunciamiento democrático de un congreso legal y legítimamente constituido. El relevo forzoso de una dirección democrática y su sustitución por una junta, se llama en lenguaje castellano golpe, y dicha aseveración no admite a mi juicio escesivos comentarios, salvo que se esté de acuerdo con las tesis vertidas por el fiscal Fungairiño, cuando a un golpe de estado, lo denomina interrupción temporal del sistema constitucional para restablecer el orden deseable. Porque estoy absolutamente convencido de que la medida adoptada por los ocupantes de Ferraz, puede tener la coartada de justificar su decisión en la dimisión de la Comisión Ejecutiva de los socialistas valencianos, pero cuando dicha dimisión se hace contra el paredón y con el beneplácito y regocijo del destructor a beneficio de inventario Ciscar, es evidente que lo que se ejerce se llama coacción, y toda decisión adoptada en dichas circunstancias es cuando menos ilegítima, a pesar de que se la quiera maquillar como legal. Todo lo anterior, me lleva a reflexionar sobre la grave crisis del sistema partidario en nuestro país. Me resulta comprensible y así lo pienso, que al principio de la transición política en la salida de la dictadura, era necesario fortalecer a los partidos políticos, unos de nuevo cuño y otros supervivientes de la clandestinidad de muchos años, por lo que se propició tanto desde la UCD como desde el PSOE, (Abril-Guerra), un modelo de partido duro y férreo que tuvo su plasmación en el sistema electoral y como consecuencia de ello en el control de los aparatos de partido de los grupos parlamentarios, ello daba estabilidad al sistema, por cuanto hacia imposible la disidencia o discrepancia de los militantes o electos. Pero como era lógico generó la aparición de oligarquías en los partidos políticos, que rápidamente burocratizaron la vida interna de los mismos, encontrándonos por lo tanto en organizaciones jerarquizadas y con reminiscencias autoritarias, lo que podríamos llamar partidos verticales institucionales, acuñada por la doctrina basada en que quien se mueve no sale en la foto. Todo marcha relativamente bien, mientras existe cuota de poder institucional, pero entran en crisis cuando falta su principal elemento aglutinador, es decir la disponibilidad de los presupuestos públicos. No es éste un problema que sólo afecte al partido socialista, es generalizado, al sistema de partidos vigente actualmente en España, no piense el Muy Honorable Zaplana, que su tinglado no está afectado por los mismos vicios y males que los del vecino, Elche, Extremadura, Asturias, etc. Es necesario a mi juicio, abrir un debate que habilite un profundo cambio en el modelo de funcionamiento de los partidos políticos, elementos claves de dicho debate deberían ser inexcusablemente la postulación de un nuevo sistema electoral, un modelo de financiación transparente y en definitiva la exigencia del cumplimiento del mandato previsto en el artículo seis de la Constitución, si no es así, la crisis del sistema irá a peor, y si no al tiempo.

Francisco Serrano Martín es abogado.