Villalobos veta la investigación sobre el Palacio de los Deportes de Málaga

El Partido Popular impidió ayer, con su voto mayoritario en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, que se constituyese una comisión de investigación sobre la clausura del Palacio de los Deportes. Estas instalaciones, que costaron 2.900 millones de pesetas, se cerraron el martes pasado por fallos en su construcción, sólo 18 días después de la inauguración. La alcaldesa, Celia Villalobos, atribuyó toda la responsabilidad a la empresa constructora, Ferrovial, a la que planea llevar ante los tribunales por "negligencia e imprudencia" y por los daños económicos derivados del cierre, que aún no se han cuantificado.

Celia Villalobos justificó su negativa a constituir la comisión de investigación solicitada por PSOE e Izquierda Unida aduciendo que aún no se dispone de datos suficientes, y que hasta que lleguen los informes "todo serán especulaciones". La alcaldesa anunció que el peritaje del palacio se había encargado a dos empresas de ámbito nacional, "independientes y muy prestigiosas", el Instituto Torroja e Intemac, y que estaba previsto que los expertos llegasen entre ayer y el lunes para comenzar a evaluar la gravedad de los daños de la instalación lo antes posible.La alcaldesa insistió en desestimar la comisión de investigación, argumentando que "su función no es determinar quién es culpable o inocente". "En un estado de derecho", señaló, "eso lo hacen los tribunales". La oposición no estuvo de acuerdo en absoluto; Francisco Oliva, portavoz municipal del PSOE, opinó que la alcaldesa tendría "algo que esconder" cuando se negaba a que se profundizase en la cuestión. Y Rafael Rodríguez, de IU, recalcó que la intención de su grupo al pedir la comisión de investigación era depurar responsabilidades políticas y poner las conclusiones de interés penal a disposición de la justicia, "como se ha hecho siempre".

Indignada y estafada

En su primera comparecencia tras el cierre del palacio, Villalobos repitió que se sentía "indignada y estafada", y se lamentó de que le hubiesen "roto una ilusión". Oliva le reprochó que se colocase "en el papel de víctima" y Rodríguez le recordó que "no es una ciudadana más. Tiene responsabilidades especiales y debía tener información sobre la obra".

La alcaldesa atribuyó la entera responsabilidad de los fallos a Ferrovial, y descargó de toda culpa a Francisco de la Torre, concejal de Urbanismo, a los técnicos municipales que se encargaron de la dirección facultativa de la obra, y a sí misma. Aportó ejemplos de otros casos parecidos que se han dado en España, y aseveró: "Esto también sucedió en Ermua, y nadie le echó la culpa a Carlos Totorica". Se refería a la localidad vizcaína, gobernada por el PSOE, en la que fue asesinado el concejal Miguel Angel Blanco, en 1997.

Villalobos anunció que presentará una querella criminal contra la constructora por "negligencia e imprudencia", y otra civil "por el lucro cesante", es decir, por el dinero que se deja de percibir por el cierre. Emprenderá estas acciones legales, aclaró, si las conversaciones con Ferrovial, que comenzarán la semana próxima, no permiten alcanzar un acuerdo fructífero; es decir, que Ferrovial asuma el coste de todas las reparaciones sin ningún gasto para los ciudadanos.