Dinero católico

LA IGLESIA católica española aceptó en 1987, después de una larga negociación con el Gobierno socialista, un periodo transitorio de tres años para financiarse mediante las aportaciones de sus fieles en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). El porcentaje destinado a esa asignación tributaria voluntaria se fijó en el 0,5239% de la cuota, y los impresos de la declaración pactados incluían, además de una casilla para la Iglesia, otra para los contribuyentes que prefirieran dedicar su dinero a "otros fines sociales" (fondos gestionados fundamentalmente por organizaciones no gubernamentales, incluyendo alguna muy importante como Cáritas, que depende de la Iglesia), y una tercera casilla para las personas que no quieran los fines citados. Parecía una buena solución transitoria, acorde con el mandato constitucional sobre el carácter aconfesional del Estado y la obligación de los poderes públicos de cooperar con la Iglesia católica y las demás confesiones.Según las estadísticas que manejaba la jerarquía, se creía entonces que, si más de un 90% de los españoles se declaraban católicos, la práctica totalidad de los contribuyentes que practican esa religión pondría su equis en la casilla de la Iglesia, que de esa forma cubriría con creces sus necesidades financieras. Los hechos han desmentido el optimismo inicial: en el primer ejercicio fiscal en que se aplicó esa fórmula, el de 1988 sobre las rentas de 1987, sólo el 35,11% de las declaraciones asignó su porcentaje a la Iglesia, mientras que la mayoría dejaba su casilla en blanco y una parte considerable y creciente prefería los "otros fines sociales". Ello obligó al Estado a prorrogar los tres años de transitoriedad, adelantando en cada Ley de Presupuestos cantidades a cuenta que nunca se recuperaron. Con ligeras variantes, la tendencia se ha mantenido y respalda las tesis de los sociólogos de que un 26% de los españoles se declara fuera de la religión, que los católicos no practicantes duplican a los practicantes (ambos grupos sumarían un 72%) y que sólo una minoría sigue los mandatos papales.

Este año el Estado entregará a la Iglesia casi 21.000 millones, mientras que por el IRPF le corresponderían 15.224. Una disposición final de la próxima ley presupuestaria elevará a definitivas esas entregas a cuenta como se viene haciendo desde 1988. ¿Cuánto tiempo va a durar la prórroga de un periodo transitorio que terminó en 1991? ¿Está haciendo la Iglesia alguna reconversión para ajustar los gastos a los ingresos que sus fieles le asignan? ¿Es posible esa reestructuración a corto plazo? Lo probable es que las respuestas sean negativas, pero no es razón suficiente para reformar, sin otras contemplaciones, un sistema tributario pactado. El Gobierno debería consensuar una fórmula definitiva que no esté sometida a permanente negociación. Fórmula que debería incluir, como dice el mandato constitucional, también a otras confesiones en la medida de su arraigo entre los ciudadanos españoles.