El Congreso aprueba por unanimidad la asistencia sanitaria a todos los inmigrantes

Todos los inmigrantes que viven en España gozarán de asistencia sanitaria pública sea cual sea su situación legal. El Congreso dio ayer el primer paso en este sentido al aprobar por unanimidad dos proposiciones de ley del PSOE e IU que aseguran la cobertura no sólo de los niños y embarazadas de este colectivo, sino también de los adultos sin recursos económicos, "en las mismas condiciones que los españoles". Ninguna de las dos propuestas verá la luz en esta legislatura, pero pueden ser incorporadas a la reforma de la Ley de Extranjería que prepara la Cámara baja.

Este último texto legal sí podría culminar todos los trámites parlamentarios antes de que se disuelva el Parlamento, aseguró ayer el portavoz del Partido Popular, Diego Jordano. Pero sea por esta vía o cuando se reanuden los trabajos parlamentarios después de las elecciones generales, los diputados deben legislar sobre esta materia, según el compromiso adquirido ayer, que, según Jordano, ya habían consensuado en los debates sobre la Ley de Extranjería.Hasta ahora, en el colectivo de inmigrantes sin papeles, sólo los menores de 18 años y las mujeres embarazadas tenían garantizada legalmente la atención sanitaria en los hospitales públicos, así como los adultos que sufrieran un accidente o necesitaran asistencia urgente. Las propuestas aprobadas ayer extienden ese derecho a todos los extranjeros que lo necesiten y estén establecidos en España, sea cual sea su situación legal y tengan la edad que tengan.

Para ejercer este derecho, los inmigrantes deberán tener una tarjeta sanitaria individual, asegura la proposición socialista. Este documento será proporcionado por el Insalud, en las 10 comunidades que gestiona, Ceuta y Melilla, y por el servicio de salud de cada comunidad en aquellas que ya tienen transferidas las competencias sanitarias.

Los 75.000 u 85.000 inmigrantes indocumentados que, según el sindicato CCOO, viven en España -el Ministerio del Interior no pudo facilitar ayer ninguna estimación en este sentido- son los principales beneficiarios de la novedad legislativa. Y los que más miedo pueden tener a ejercer este derecho por el riesgo que esto pueda suponer para su permanencia en España.

Para romper con ese temor, los socialistas proponen que sean los servicios sociales de cada Ayuntamiento, "los que realmente saben dónde están los asentamientos de inmigrantes sin papeles", en palabras de la diputada Ángeles Amador, quienes soliciten la tarjeta en su nombre. Los datos que contenga este nuevo documento, todavía por diseñar, serán confidenciales y sólo podrán ser empleados por los profesionales sanitarios.

Izquierda Unida y el PSOE perseguían el mismo objetivo, pero emplearon caminos diferentes. Los primeros, que vieron triunfar por primera vez una proposición de ley propia en el pleno del Congreso en esta legislatura, a través de una reforma de la Ley General de Sanidad; y los segundos, con una proposición de ley elaborada al efecto.

La voluntad de extender la cobertura sanitaria a todos los inmigrantes es unánime, pero el camino parlamentario no ha hecho más que empezar. De hecho, las portavoces de IU y PSOE, Ángeles Maestro y Ángeles Amador, coincidieron en señalar que será difícil que la ley entre en vigor en esta legislatura.

Antes debe ser estudiada en comisión, donde los grupos pueden presentar enmiendas, volver al pleno y pasar por el Senado antes de regresar al Congreso. Además, ambas propuestas coinciden con la reforma de la Ley de Extranjería, que ya tramita el Congreso y en la que está previsto regular la cobertura sanitaria del colectivo de inmigrantes que reside de forma estable en España.

Los portavoces del PNV y CiU, Carlos Caballero y Margarita Riera, recordaron este extremo en el debate de la toma en consideración de ayer, por lo que dieron a las propuestas su voto "testimonial", informa Efe. Pero fue Diego Jordano el más crítico al calificar de "oportunistas" las iniciativas. Ambas fueron presentadas en febrero, cuando la Fiscalía de Menores de Madrid investigaba la supuesta desatención médica de 12 menores hijos de inmigrantes indocumentados.

Fuentes del Ministerio de Sanidad y Consumo aseguraron ayer que no habría ningún problema en incorporar a los inmigrantes sin papeles al Sistema Nacional de Salud porque, en la práctica, ya reciben asistencia.