En vísperas electorales,

cuando los políticos de todas las tendencias ofrecen las más amplias promesas a sus potenciales electores, y cuando se han pronunciado rotundamente contra la insuficiencia de las pensiones de la Seguridad Social, me pregunto si entre sus propósitos de gobierno (para quien en un futuro inmediato lo ejerza) estará el de cumplir la rapidez precisa en las obligaciones de pagos recogidas en resoluciones administrativas (las del Departament de Benestar Social) respecto a las subvenciones a centros de acogida -debidamente homologados- a personas discapacitadas.Viene sucediendo desde hace muchos años, a pesar de las cartas de protesta, manifestaciones, entrevistas, etcétera, que las resoluciones que acuerdan estas subvenciones aparecen a principios de año y los pagos no se materializan hasta por lo menos mediados de junio, y luego carecen de la debida continuidad, por lo que se crea un problema casi insoluble a estos centros, que han de aplazar pagos (personal, proveedores, Seguridad Social, etcétera), recurrir al bolsillo de los padres de los residentes o endeudarse con los habituales mecanismos de crédito y agravar su ya delicada situación financiera.

¿Sería posible gestionar mejor los pagos ya acordados? ¿Será éste un problema digno de consideración para cualquiera de nuestros políticos? O, por el contrario, quizá sea que la amplitud del mismo no cobra dimensión electoral suficiente como para merecer su atención. Pudiera ocurrir que entre las prioridades de los contendientes por el poder esta cuestión ocupara un lugar secundario al no haber manifestado, a pesar de ser conocedores de la situación, el mínimo interés por solucionar algo tan aparentemente sencillo.-