Atutxa insiste en que la invitación a la asamblea kurda es firme y sigue vigente

La Mesa del Parlamento vasco se reunirá de nuevo mañana para decidir si da por buena la retirada del recurso del Gobierno contra el acuerdo de ceder la sede de la Cámara a la asamblea kurda en el exilio u opta por pedir al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la cuestión de fondo: la invasión o no de competencias del Estado por parte de la Cámara de Vitoria. Su presidente, Juan María Atutxa, insistió ayer en su censura al Ejecutivo y en la vigencia de la invitación, que es firme. Según él, para que la reunión tenga lugar sólo haría falta acordar detalles de organización, protocolo y seguridad. Atutxa recordó que el desistimiento del Gobierno no es vinculante para el alto tribunal, al que atribuyó "la última palabra". La sugerencia del ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, en el sentido de que el Gabinete podría presentar un nuevo recurso si la Cámara vasca insiste en mantener la invitación a los kurdos, fue duramente juzgada por el coordinador del grupo parlamentario del PNV en Vitoria, Xabier Ormaetxea, que tachó ese anuncio de "jugada de tahúr" y "juego sucio".

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, calificó de "inaudita" la actuación del Ejecutivo de José María Aznar y no reveló cuál será la actitud de su representación jurídica en la causa, en la que está personado en apoyo al legislativo autonómico.

A título individual, el consejero de Interior, Javier Balza, se pronunció a favor de insistir para que el Constitucional adopte una decisión sobre la capacidad del Parlamento vasco para tomar una decisión como la cuestionada por el Gobierno, "para saber qué se puede hacer en el futuro". Balza está considerado un experto en materia de régimen jurídico y desarrollo autonómico, áreas en las que siempre ha trabajado al servicio de la administración autonómica vasca.

A su juicio, el Gobierno del PP ha realizado "una auténtica utilización" del Tribunal Constitucional: al presentar el recurso habría logrado evitar la celebración de la reunión y al retirarlo ha impedido a las instituciones autonómicas defenderse. "No se puede tirar la piedra y esconder la mano", dijo el consejero vasco de Interior a Radio Euskadi. Para Balza no es de recibo generar desconfianza en un Parlamento autonómico, recurrir una decisión suya para lograr la suspensión cautelar automática y luego retirar la impugnación para "impedir que el Constitucional diga quién tenía razón".