Visto para sentencia

El juicio por tres delitos de prevaricación contra el juez Javier Gómez de Liaño quedó visto para sentencia ayer en la Sala Segunda del Tribunal Supremo tras cinco días en las que han declarado el juez procesado y 13 testigos convocados por la defensa. El proceso ha concluido con la petición de absolución por parte del fiscal y la defensa del acusado frente a las tres penas de 20 años de inhabilitación cada una y la separación definitiva de Liaño de su cargo de magistrado, solicitadas por las acusaciones.En su primer día de banquillo, el juez procesado se negó a contestar a las preguntas de las acusaciones, mantuvo que sus decisiones habían sido "correctas" y aseguró que "volvería a hacer lo mismo". Liaño está acusado de haber prevaricado al prohibir la salida del territorio nacional a los gestores de Sogecable, por haber declarado el secreto sobre una parte del sumario que la Audiencia Nacional le había ordenado levantar y por imponer al presdiente de Sogecable, Jesús de Polanco, una fianza de 200 millones de pesetas a sabiendas de que no había delito.

El fiscal Ignacio Gordillo, adscrito al caso y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, compañeros durante más de una década de la fiscal María Dolores Márquez de Prado, esposa de Liaño y defensora de éste en el juicio, se esforzaron en hacer ver que el procesado contó con el respaldo de la Fiscalía en todas sus decisiones.

Pero sus testimonios quedaron en entredicho frente al del ex fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, quien confirmó que Gordillo hizo caso omiso de un informe sobre la inexistencia de delito en el caso Sogecable y de sus tajantes instrucciones de oponerse a las medidas que se pidiesen contra los gestores de la entidad.

Campaña feroz

La defensa de Liaño también convocó a Jesús de Polanco y a Juan Luis Cebrián. Polanco vinculó la actuación del juez con la "campaña feroz" desatada desde el Gobierno y su entorno mediático en torno a la guerra por los derechos del fútbol. Cebrián declaró que mal pudo haber "diseñado" la recusación de Liaño con el juez Baltasar Garzón porque no ha visto a este último en su vida, y puso de manifiesto la animadversión del juez hacia él. Cebrián recordó las relaciones familiares de Liaño con el denunciante del caso, el periodista Jaime Campmany, y los artículos de éste jactándose de sus almuerzos con el magistrado.

El juez Garzón describió una Audiencia Nacional en la que la camaradería entre jueces y fiscales se plasmaba con frecuencia en estímulos y aportaciones de unos a otros en sus respectivos procedimientos. Fue en ese clima en el que, según Garzón, Liaño pactó con Gordillo desobedecer la orden de levantar el secreto sobre Sogecable y pedir a la Policía un informe de cobertura para ocultar parte del sumario a la defensa.

El abogado Antonio González-Cuéllar extrajo el testimonio más comprometedor para Liaño. Interrogando con habilidad al inspector de la Brigada de Delitos Económicos Fabián Zambrano, se supo que fue Liaño quien llamó a la Policía e "invitó" a los inspectores a pedirle un informe para mantener el secreto. Frente a lo declarado por Gordillo en el insistente interrogatorio al que le sometió el director jurídico de la acusación, Matías Cortés, las investigaciones ni siquiera eran "nuevas", sino prácticamente las mismas que al iniciarse el proceso. El testimonio fue de tal magnitud que Márquez tuvo que renunciar a su último testigo para no amplificar tanta contradicción.

El fiscal del Estado, Jesús Cardenal, vino a reiterar por escrito su declaración de "inocencia" de Liaño expuesta en la revista dirigida por Campmany al comienzo del proceso. El fiscal del Supremo José María Luzón echó el resto para tratar de reducir la presunta prevaricación a un "empecinamiento" del juez, dada su "forma de ser".

El catedrático Horacio Oliva presentó las conclusiones de la acusación con su habitual contundencia: "Lo que quería el juez", reiteró, " era meter a Polanco en la cárcel".