Suspendida de nuevo la vista del 'caso Intelhorce' hasta que el Poder Judicial resuelva un recurso

El juicio del caso Intelhorce volvió ayer a quedar paralizado hasta el 4 de octubre, después de vivir su sesión más tensa y desconcertante. La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de denegar una prórroga en la jubilación al magistrado que hasta ahora presidía la vista ha provocado la indignación y el desconcierto de las partes, que ayer forzaron al nuevo presidente, Federico Morales, a una nueva suspensión hasta que la decisión sobre la jubilación de Miguel García López sea firme, ya que éste la ha recurrido."Esto es un espectáculo bochornoso y tercermundista". Los abogados de la acusación y la defensa, que habían pensado incluso en negarse a entrar en la sala por la decisión de reanudar el juicio antes de conocer la resolución del CGPJ, no ocultaron su enfado. Algunos señalaron de entrada que no reconocían la validez del tribunal, y anunciaron que, en caso de que el Poder Judicial mantenga su decisión, recusarán al presidente y al magistrado Andrés Rodero, ya que formaron parte del primer tribunal con García López.

La primera en solicitar la suspensión fue la fiscal del caso, Miriam Martínez Pacheco, que argumentó además que, en caso de que el CGPJ se pronuncie negativamente sobre el recurso de García López, habrá que repetir el juicio desde el principio, incluyendo las cuestiones previas. "Los autos de resolución de las cuestiones previas deben ser dictados por el mismo tribunal que dicta la sentencia", dijo la fiscal.

Martínez Pacheco señaló además que sería prudente esperar la decisión, porque, en caso de que García López recupere la presidencia, las sesiones celebradas en estos días carecerían de validez. Todos los abogados de la acusación y la defensa (40 en total) suscribieron las apreciaciones de la fiscal, y algunos llegaron aún más lejos, cuestionando incluso el criterio empleado por la Audiencia Provincial de Málaga a la hora de designar a Morales como sucesor de García López.

El abogado del Estado José Antonio Morillo planteó la situación de indefensión en que quedarían los imputados para los que García decretó el sobreseimiento de las actuaciones en las cuestiones previas al haberse retirado la acusación contra ellos. José María Davó, decano del Colegio de Abogados de Málaga, que actúa como defensa en el caso, propuso a sus colegas remitir un escrito de protesta al CGPJ. "La imagen que aquí se está dando no hace sino empañar la verdadera visión que la ciudadanía debe tener de la justicia", dijo.

Algunos abogados cuestionaron incluso que la sesión de ayer sea válida. De ser así, interrumpiría el plazo máximo de inactividad admisible en un proceso (30 días) antes de que se considere nulo. El presidente no quiso pronunciarse al respecto: "Este acto es lo que es", zanjó.