Los jueces piden controlar de forma exclusiva el régimen de los presos

Las tres principales asociaciones de jueces reclamaron ayer públicamente que sean los tribunales y no la Administración, como sucede ahora, los que tengan la última palabra sobre el régimen y clasificación penitenciaria de los reclusos. La consejera de Justicia, Núria de Gispert, reaccionó rápidamente para rechazar la propuesta. De Gispert recomendó a los jueces que se dediquen a dictar sentencias y aseguró que la Generalitat debe controlar esta competencia para garantizar la resocialización de los presos.

Representantes de la asociación progresista Jueces para la Democracia, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y de la liberal Francisco de Vitoria consideran que la Administración no debería tener la concesión discrecional del tercer grado o la semi-libertad a los presos, como ha ocurrido en asuntos como el caso Josep Puigneró. Este empresario fue condenado por un delito ecológico, pero los servicios penitenciarios de la Generalitat le concedieron el tercer grado al poco tiempo de entrar en prisión. En declaraciones a la cadena Ràdio Barcelona-SER, la consejera de Justicia de la Generalitat, Núria de Gispert, rechazó ayer mismo la propuesta. De Gispert dijo que los jueces deben preocuparse más en dictar sentencias y agregó que la potestad de la administración autonómica de conceder el tercer grado a un preso en una cárcel catalana es un instrumento indispensable para la resocialización de los reclusos. Por su parte, la magistrada Montserrat Comas, portavoz en Cataluña de Jueces para la Democracia, insistió en que "el control definitivo de la pena debería estar en manos de los tribunales". Por su parte, Pedro Martín, de la entidad Francisco de Vitoria, lamentó el hecho de que los magistrados se encuentren en más de una ocasión "con personas condenadas por delitos que producen una grave alarma social, sobre todo contra la libertad sexual o contra la vida, y luego estén disfrutando de beneficios penitenciarios". Martín agregó que "si a ello se le une los quebrantamientos por incumplimientos que generalmente se producen de toda una serie de beneficios penitenciarios que se otorgan, se crea una gran sensación de frustración". Daniel de Alfonso, portavoz en Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura, también opinó que, el juez, previo informe del fiscal y de la dirección general de Servicios Penitenciarios, es el que debe decidir sobre la situación penitenciaria de un interno.