Asuntos Sociales amenaza con romper el acuerdo sobre inmigración con el Ministerio de Trabajo
El consejero de Asuntos Sociales, el socialista Isaías Pérez Saldaña, acusó ayer en Huelva al Ministerio de Trabajo de ocultar el número de inmigrantes llegados a la comunidad desde Ceuta y Melilla durante los últimos tres meses, dato que, según la secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez, el Gobierno central no está obligado a facilitar. Saldaña amenazó con la ruptura de los convenios firmados: "Estamos dispuestos a dejar de comunicar el censo de inmigrantes y a evitar cualquier colaboración en campañas institucionales, si continúa esa política de silencio", dijo.
La Junta, según explicó Pérez Saldaña, sospecha que la mayor parte de los inmigrantes del norte de África "están siendo enviados a Andalucía en una situación precaria, sin protección ni papeles, bajo el desconocimiento del Gobierno de la comunidad y de los ayuntamientos donde se insertan". El consejero aseguró que la actitud del Ejecutivo central "puede provocar un aumento de la xenofobia y el racismo, porque se está concentrando a todos los inmigrantes en la región más solidaria, pero que padece las mayores dificultades". El problema de la inmigración, aseguró, "no tiene solución con las políticas de puertas abiertas, ni convirtiendo a nuestra comunidad en la policía de Europa, haciendo alambradas e invirtiendo 25 millones de pesetas en retener la pobreza y la miseria". El Gobierno central, añadió Pérez Saldaña, "no tiene la sensibilidad suficiente para afrontar el fenómeno de la inmigración como un reto en positivo". El consejero, que presentó ayer en Huelva la campaña andaluza sobre el Día Internacional de la Paz, que se celebra hoy, instó al Gobierno a que se cumplan los acuerdos alcanzados a principios de año, "para que todas las comunidades autónomas participen en el reparto solidario de los flujos migratorios". De esta manera, "se conseguirán las condiciones adecuadas para la integración de este colectivo". Pérez Saldaña anunció que el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados formulará una pregunta al Gobierno "para que explique de forma clara lo que está ocurriendo con los inmigrantes". Un total de 95.970 inmigrantes, llegados desde diversos puntos de Europa y África, se encuentran actualmente en Andalucía, según el consejero, que calificó de "absolutamente necesaria" la aprobación de una nueva Ley de Extranjería, aunque dudó que ésta vea la luz durante la presente legislatura. Esa normativa, manifestó, "debe determinar la normalización de los inmigrantes alegales que residen en Andalucía y España, que están a merced de empresarios mafiosos". Además, dijo, "debe concretarse el derecho de los inmigrantes a la salud y educación". Sin obligación Por su parte, la secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez, negó tajantemente a EL PAÍS que a la península, a través del Programa de Acogida Humanitaria, puesto en marcha en 1996, lleguen inmigrantes de forma precaria "sin papeles, ni documentación, ni permisos para poder acceder al mercado de trabajo". Y recordó que Andalucía es la tercera comunidad en acoger inmigrantes de Ceuta y Melilla, "por detrás de Cataluña y Madrid". Gómez aseguró que la ordenación laboral del flujo migratorio es competencia del Gobierno central, mientras que la Junta se encarga de su asistencia, "para ello se destina una partida anual de 43 millones de pesetas", añadió. La Administración central, aseguró, "no tiene la obligación de remitir a la Junta los datos sobre movimientos migratorios, en torno a este programa, aunque lo hace periódicamente por colaboración y fluidez".
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