Cardenal considera "de justicia" que se le suba el sueldo de 11 a 20 millones

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, consideró ayer que el aumento de sus retribuciones anuales de 11 a 20 millones de pesetas obedece a "razones de justicia o legales", ya que el Estatuto del Ministerio Fiscal prevé la equiparación de su sueldo al del presidente del Tribunal Supremo. Esta igualdad, que tiene su origen en una normativa de 1981, según explicó ayer el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, no se había aplicado hasta ahora. Las asociaciones de jueces y fiscales criticaron "la inoportunidad" de la medida, cuando a ellos se les han negado sus peticiones, y que el Gobierno se preocupe sólo de las élites judiciales.

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, aclaró ayer, en el Congreso, que él no ha promovido la subida de sus retribuciones anuales desde los 11 hasta los 20 millones de pesetas, brutas, y matizó refiriéndose a sí mismo como si fuera una tercera persona: "No se trata de subir el sueldo a Jesús Cardenal, sino a la institución del fiscal general del Estado". Reconoció, sin embargo, la "inoportunidad" de que el asunto se haya planteado ahora, en medio de la polémica desatada por las demandas retributivas de jueces y fiscales.Cardenal explicó que fueron los fiscales de Sala del Tribunal Supremo los que pidieron el cumplimiento de esa disposición del Estatuto Orgánico cuando "vieron en el BOE que ganaban más" que él "y muchísimo menos que el presidente del Supremo [Javier Delgado Barrio] cuando el estatuto dice que el sueldo debe estar equiparado al de éste".

Los 14 fiscales de Sala del Supremo vieron equiparados sus sueldos a los de los magistrados del tribunal, por un total de unos 16 millones brutos anuales, en tanto que el sueldo del fiscal general -Cardenal no tiene categoría de fiscal de Sala- era de 11 millones, cinco menos que los de la cúpula de sus subordinados.

Según Cardenal, los fiscales de Sala decidieron entonces dirigirse por escrito al Ministerio de Justicia para que se equiparase el sueldo del fiscal general al del presidente del Supremo, pero él paralizó la iniciativa hasta que se consiguiera la concesión de un complemento para los fiscales del tribunal que no tienen la categoría de fiscales de Sala.

Se trata de un complemento de peligrosidad que perciben los fiscales destinados en las fiscalías especiales de la Audiencia Nacional, la Antidroga y la Anticorrupción, y que, según fuentes fiscales, es de unas 80.000 pesetas brutas mensuales.

En marzo pasado, Justicia concedió ese complemento y subió el sueldo a los fiscales de la segunda categoría destinados en el Supremo. Fue entonces cuando Cardenal dio luz verde a la presentación del escrito de los fiscales de Sala y el ministerio hizo la propuesta al de Economía. En sus manifestaciones en el Congreso, al que acudió a entregar la Memoria anual de la Fiscalía al presidente de la Cámara, Federico Trillo, Cardenal indicó que la subida aún no se ha producido y que irá en la ley de presupuestos del año que viene, "y en ella saldrá lo que salga". El fiscal general aseguró que desconocía si el aumento era de 9 millones: "No he sido yo quien lo ha pedido. No he hecho el cálculo y no me he molestado en mirar el BOE". Según una "nota aclaratoria" de Justicia distribuida ayer, el sueldo actual del presidente del Tribunal Supremo es de 20.022.272 pesetas brutas, en tanto que el del fiscal general es de 11.074.968. La equiparación de emolumentos, prevista en el artículo 31.2. del Estatuto del Ministerio Fiscal de 1981, elevará, por tanto, en nueve millones de pesetas el salario de Cardenal. La nota agrega que el pasado 8 de julio el subsecretario de Justicia dirigió un oficio a Economía en el que le propone tomar en consideración la equiparación de sueldos en la elaboración del Anteproyecto de Presupuestos para el año 2000.

Los jueces y fiscales están equiparados a efectos retributivos. Los fiscales de ingreso ganan alrededor de 290.000 pesetas netas al mes: los destinados en juzgados de instrucción de pequeñas localidades, un promedio de 350.000; los de juzgados de Madrid o Barcelona, alrededor de 450.000; los de las Audiencias de Madrid y Barcelona, 520.000, y los de algunos tribunales superiores, unas 625.000. Los fiscales de Sala perciben algo más de 750.000.