Las medidas contra la inflación se aplazan una semana por divergencias entre Rato y Piqué

El equipo económico del Gobierno no consiguió ayer cerrar el anunciado paquete de medidas contra la inflación. Las divergencias entre los ministros de Economía, Rodrigo Rato, y de Industria, Josep Piqué, sobre el alcance de la rebaja de impuestos sobre combustibles han provocado que ayer el Consejo de Ministros se limitase a estudiar un informe al respecto. Las medidas analizadas no pasan de congelar el impuesto especial de hidrocarburos y rebajar el IVA del butano en el año 2000, además de algunas fórmulas inmediatas para que el sector se abra más a la competencia. Para ese año, el déficit del Estado se reduce al 0,7% del PIB, el crecimiento económico se sitúa entre el 3,7% y el 3,8% y la inflación en torno al 2%.

Aunque las medidas fueron anunciadas a principios de esta semana por Piqué, un día antes de conocerse el mal resultado del IPC de agosto y la elevación de la previsión anual al 2,4%, el Consejo de Ministros de ayer no tomó decisión alguna. La aprobación, según aseguró Piqué, se produciría en el Consejo de Ministros de ayer.El ministro de Industria avanzó en aquella ocasión, sin consultar al vicepresidente Rato, que se iba a actuar sobre el sector energético, turismo y automóviles para luchar contra la inflación tras reconocer que "difícilmente se acercará a la previsión del Gobierno [1,8%]". Ello provocó al día siguiente caídas de más del 2% en las cotizaciones bursátiles de las empresas relacionadas con estas actividades.

Durante toda la semana los equipos de Economía e Industria han intentado cerrar ese conjunto de medidas, pero ayer el Gobierno sólo disponía de un informe de Piqué. El debate se ha centrado en la conveniencia de bajar los impuestos que gravan el consumo de carburantes y combustibles.

Piqué, en tono irónico, resaltó ayer al respecto que, "en cualquier discusión sobre impuestos, el ministro de Economía siempre tiene la razón". Anunció "la posibilidad" de que en el año 2000 se congele el impuesto especial que grava el consumo de combustibles y también "la toma en consideración" de la rebaja del IVA para el butano del 16% al 7%.

Está, pues, prácticamente descartado que se aplique una rebaja generalizada de impuestos para estos productos y de forma inmediata. Esto tendría un efecto directo sobre el IPC, ya que la subida del 0,4% en el mes de agosto sobre julio se ha debido, sobre todo, al capítulo de energía. Pros y contras

Como argumento a favor está el excedente de ingresos (270.000 millones sobre lo presupuestado hasta julio) y, en contra, que una rebaja de los precios de los carburantes incidiría en un aumento del consumo (la demanda interna crece ahora a niveles superiores al 5%), lo que a la larga se traduciría en más inflación.

Respecto del butano, cuyo precio para la bombona se disparó el pasado mes de agosto hasta las 1.313 pesetas (un 16,1% de subida), Piqué argumentó que se trata de un producto de primera necesidad que consumen unos trece millones de hogares. Matizó, sin embargo, que la decisión de rebajar el IVA "no se tomará en función del corto plazo".

En cuanto a las gasolinas y gasóleos, Piqué explicó que los impuestos especiales suponen ahora un 70% sobre el precio final, cuando en Europa la media es del 80%. Esto, añadió, explica que "la gasolina en España sea una de las más baratas de Europa". Puso sin embargo el ejemplo de Francia, donde la política fiscal se ha orientado hacia la rebaja de los impuestos indirectos (el IVA y los especiales).

Con estas dos medidas aplazadas, la propuesta de Piqué ante el Consejo de Ministros se centra en otras que persiguen abrir el sector a la competencia. La decisión se adoptará en el Consejo de Ministros del próximo viernes, según dijo ayer el portavoz del Gobierno, mediante la aprobación de un decreto-ley, a expensas también de una negociación con "los socios parlamentarios"; es decir, con CiU.

En cuanto a la bombona de butano, se pretende que el consumidor pueda adquirirla directamente al distribuidor, en lugar de que se le sirva a domicilio. Para ello, tendrán que regularse las condiciones de seguridad que permitan transportar las bombonas en los vehículos particulares.

Otro objetivo es eliminar las restricciones de tipo urbanístico para favorecer la instalación de nuevas gasolineras, por ejemplo, en los hipermercados. La competencia es ahora de los ayuntamientos, si bien Piqué explicó que la Ley de Hidrocarburos permite al Gobierno establecer reservas de suelo. En la actualidad hay unas 7.000 gasolineras en España, y Piqué aseguró que hay margen para aumentar la competencia.

En el mismo sentido, se obligará a los concesionarios de autopistas de peaje a informar a los usuarios de los precios de las gasolinas en los diferentes tramos. También se pretende que en estos recorridos se puedan establecer operadores distintos, para lo que se modificarán los concursos actuales.

Con el argumento de una mayor liberalización en el sector eléctrico, se autorizará a tres nuevos agentes exteriores (la firma suiza Aare-Tessin, la estadounidense Enron y la británica Eastern Group) para el suministro de electricidad en España, además de los cuatro que ya la tienen. Igualmente, el mercado del gas se abrirá a nuevas comercializadoras como prevé la Ley de Hidrocarburos.

Se trata con todo ello de incrementar la competencia, si bien el ministro de Industria aseguró que "no hemos detectado un mal funcionamiento" del mercado energético. La actual estructura oligopolística en los carburantes es "heredada", aseguró Piqué, "ya que en el año 1996 dos empresas, Cepsa y Repsol, controlaban el 71% y ahora este porcentaje es del 66%, gracias a las medidas adoptadas por este Gobierno".

Un 15% más ricos

Piqué situó el problema en el alza de los precios del petróleo, "un shock comparable al de la crisis de finales de los setenta", y su "espectacular impacto en una economía abierta como la española". Esto afecta a todos los países consumidores, aseguró el ministro, y permite que nuestro diferencial con la UE se haya mantenido en torno a un punto.

Otro factor es la pertenencia de España a la zona euro y la política monetaria fijada por el Banco Central Europeo (BCE), así como el hecho de que el crecimiento español se haya situado en torno al 3,5% desde 1996, frente al 2% escaso de media para el conjunto de la UE. Todo ello, dijo Piqué, "nos añade alguna tensión".

Por ello, explicó, la decisión del Gobierno es adoptar una política presupuestaria "restrictiva", con el objetivo de contribuir al control de los precios. Piqué anunció ayer que el déficit del Estado se situará en el 0,7% del PIB en el año 2000, frente al 0,9% inicialmente previsto y respecto del 1,1% fijado para 1999.

Se prevé que la Seguridad Social alcance superávit en el 2000, mientras que para las comunidades autónomas y los ayuntamientos la estimación es que el déficit se sitúe en una o dos décimas. El conjunto de las administraciones públicas tendrá por tanto un objetivo de déficit del 0,8%-0,9% del PIB en el año 2000, frente al 1,4% fijado para 1999. El objetivo inicialmente previsto era del 1%.

La contrapartida es un alto crecimiento económico -"los españoles son ahora un 15% más ricos que en 1996", aseguró Piqué- que se situará entre el 3,7% y el 3,8% en el 2000, frente al 3,7% esperado para 1999. La inflación prevista es, "dos décimas arriba o abajo", del 2% respecto del 2,4% esperado para este año.