La Audiencia ordena abrir nuevas líneas de investigación en el "caso Natzaret"

En una investigación penal, cualquier averiguación de carácter novedoso que no dilate la conclusión de las pesquisas es válida, y por tanto, debe practicarse. La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha utilizado ese argumento para ordenar a Vicente Ríos, el juez encargado de esclarecer quién o quiénes acabaron con la vida de Antonio Civantos, el camionero apaleado en el barrio de Natzaret el pasado diciembre tras atropellar accidentalmente a un niño, que abra nuevas líneas de investigación. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia deberá ahora, a instancias del tribunal, tomar declaración a una vecina del lugar en el que sucedieron los hechos, identificar a los trabajadores de una empresa que pudieron ver cómo se desarrolló el atropello mortal y la posterior agresión, y conminar a la policía a intentar desvelar el contenido de las conversaciones mantenidas, poco después del linchamiento, a través de varios teléfonos móviles. Una tarea complicada. La decisión de la Audiencia de Valencia ha venido a dar la razón, parcialmente, a los abogados de la familia de Civantos, Enrique Lozano y Carmen Peris. Los letrados, ante los parcos resultados de la investigación policial y, en consecuencia, de la judicial, solicitaron hasta seis pruebas, de distinta naturaleza pero encaminadas a esclarecer la identidad de las personas que pudieron participar en el crimen de Civantos. Ríos las rechazó al considerarlas innecesarias. El tribunal le ha enmendado la plana y, por ello, el juez ha tomado varias iniciativas. La primera de ellas es la de interrogar a Cristina Muñoz, vecina de José Muñoz, uno de los dos imputados por la muerte de Civantos, el único encarcelado y padre del niño que falleció atropellado por el camionero. Hasta el momento, los testigos que han comparecido en la causa han aportado más bien poco. A pesar de ello, o tal vez por ello, los abogados de la víctima han solicitado su comparecencia: Tienen razones para creer que pudo presenciar el linchamiento. En esa línea, en la de intentar conseguir el testimonio de los posibles testigos, va otra de las pruebas que se realizará: interrogar a los trabajadores de Contenedores Soler, una empresa de la zona, que estaban trabajando en el momento del apaleamiento. El responsable de la base estaba allí, aunque su comparecencia aún no ha sido concretada. Finalmente, los expertos de la policía deberán averiguar el destino de las llamadas realizadas desde los teléfonos móviles de varias personas del entorno del niño fallecido. Ante la falta de pruebas -tal vez derivada de la "sucinta, por no decir no exhaustiva y deficiente" investigación policial, a decir del tribunal- la acusación intenta impulsar la investigación.