Cebrián: "No conozco al juez Garzón. No lo he visto en mi vida"

-¿Diseñó usted la estrategia con el juez Garzón? La pregunta de María Dolores Márquez de Prado, que actúa como defensora de su marido, el juez Javier Gómez de Liaño, se produjo casi al final del interrogatorio del consejero delegado de Sogecable, Juan Luis Cebrián. La respuesta fue contundente:-No conozco al juez Garzón. No lo he visto en mi vida. Cebrián acababa de contestar a Márquez de Prado que recusó a Gómez de Liaño por considerar que no podía ser imparcial y resumió los motivos:

-Fundamentalmente, por su animadversión real hacia mi persona y a lo que representaba, y al periódico EL PAÍS, deducida de las expresiones del juez procesado en las piezas del llamado caso Sogecable, en sus opiniones y artículos de prensa y en el interés que tenía en la causa por su relación con el denunciante.

Ante la insistencia de la defensora, el testigo continuó:

-Gómez de Liaño es concuñado del denunciante. Conozco al denunciante [el periodista Jaime Campmany] desde hace años. Incluso se permitió publicar en un periódico de la mañana las veces que había cenado con el juez del caso Sogecable y los ricos manjares que les habían servido.

Cebrián explicó después que durante un "periodo tormentoso de la transición, el padre de Gómez de Liaño fue quien leyó la sentencia del Tribunal Supremo que me condenó por desacato y quien después me tomó declaración por la publicación en EL PAÍS de la resolución del Tribunal Constitucional en el caso".

Márquez de Prado centró la mayor parte del interrogatorio en el caso Sogecable. Insistió hasta el punto de que el presidente del Tribunal, Gregorio García Ancos, tuvo que pedirle que no se "empecinase" en dirigir al testigo preguntas sobre términos jurídicos. Cebrián, por su parte, rechazó como "rotundamente falso" que Canal+ se financiase con las fianzas depositadas por sus abonados. En cuanto a los términos del contrato con los abonados, replicó a la defensora: "Lo siento, pero no me acuerdo de la cláusula séptima de un contrato de adhesión que hace años que no he visto". En cambio, destacó que en los años que lleva funcionando Canal+ apenas han tenido media docena de reclamaciones, entre 1,7 millones de abonados, relacionada con el depósito de los descodificadores. Agregó que tanto las auditorías de Arthur Andersen como las inspecciones de Hacienda pusieron de relieve la situación fiel de la sociedad.

La fiscal continuó con su interrogatorio: -¿Y no se repartieron once mil y pico millones entre los consejeros de Canal +?

-Es absolutamente falso. Esos miles de millones se repartieron a los accionistas de Canal+, no entre los consejeros.

Juan Luis Cebrián aludió en otro momento a que tuvo conocimiento, por vía periodística, de que en poder del Ministerio de Fomento obraba un informe sobre Sogecable:

-Cuando se levantó el segundo secreto del sumario, ese informe coincidía bastante bien con el informe que Ortega, Tamames y Pérez Escolar habían hecho a petición de un secretario de Estado del Gobierno. Estaba tan mal hecho y decía tantas tonterías que no podíamos creer que el Gobierno hiciese caso a tantas estupideces.

Márquez de Prado trató después de minimizar las medidas cautelares limitadoras de derechos decretadas por el juez contra los gestores de Sogecable. Cebrián aseguró que cuando el juez le citó en su despacho y le advirtió de que necesitaba su permiso para salir al extranjero, consideró su libertad "restringida":

-Salí dos veces de España y dejé de salir muchas otras. Era consejero del periódico The Independent y gestionaba negocios en Lisboa y México. Reduje mis salidas a dos, y ninguna por negocios. Salí a México, al Congreso Mundial sobre la Lengua Española, que fue presidido por el Rey, y a París, invitado a una conferencia por mis colegas de la prensa internacional. No hice salidas de negocios, lo que supuso un grave daño para mi imagen y para la gestión de las empresas. Sí, sentí restringida mi libertad de movimientos, y sólo por la simple presentación de una denuncia y una querella que luego fueron archivadas. También abordó los perjuicios causados por el secreto sumarial: "El secreto me impidió defenderme. Y perjudicó aún más la imagen de la compañía. Y mucho más la segunda declaración de secreto, que, cuando se levantó, lo único que protegía era el informe sobre el que se había montado la querella". También declaró que cuando Diario 16 publicó que Liaño podía haber alertado a la policía para detenerle, llamó a la ministra de Justicia para preguntarle por la opinión del Gobierno.