El ex fiscal del Estado contradice a Fungairiño y confirma que Gordillo le desobedeció

El ex fiscal general del Estado Juan Ortiz Úrculo, testigo en el juicio que se sigue contra el juez Javier Gómez de Liaño por tres delitos de prevaricación, contradijo en su declaración ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo los testimonios del fiscal del caso Sogecable, Ignacio Gordillo, y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. Ortiz Úrculo confirmó que dio cuenta personalmente a Gordillo de un informe del que se desprendía la inexistencia de delito en el caso Sogecable. Fungairiño, por su parte, dijo que Úrculo siempre les había negado la existencia de ese informe.

La segunda jornada del juicio discurrió entre los testimonios contradictorios del ex fiscal general del Estado Juan Ortiz Úrculo y el actual fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. Éste, que declaró que su "gran amistad" con Liaño no le impediría decir la verdad, ratificó que todas las actuaciones del juez procesado tuvieron el respaldo de la fiscalía.Sin embargo, Ortiz Úrculo, nombrado en septiembre de 1996 por el Gobierno del PP, y actualmente jefe de la Fiscalía Antidroga, opuso a ese respaldo bastantes irregularidades por parte del fiscal del caso, Ignacio Gordillo. En realidad, Ortiz Úrculo dio a entender palmariamente que Gordillo había desobedecido sus órdenes: "No sé si debo entrar en una valoración...", se excusó cuando el presidente del tribunal, Gregorio García Ancos, se lo preguntó directamente, "pero lo único que puedo hacer es poner de manifiesto los hechos: le di unas órdenes y no sé si no las supo interpretar o, como él dice, no me localizó...".

A preguntas del abogado de la acusación Antonio González-Cuéllar, el ex fiscal del Estado ratificó punto por punto la versión del fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Eduardo Torres-Dulce, sobre el documento de trabajo aprobado por unanimidad por los fiscales técnicos sobre la inexistencia de delito en el caso Sogecable: "Lo asumí como documento de trabajo porque me convenció. Todos sus extremos eran razonables, por lo que llegué a la misma conclusión. Efectivamente, se llamó al fiscal Gordillo y mantuvimos una reunión con los tres fiscales de la Secretaría Técnica. Transmití el contenido a Gordillo y le dije que ésa era la visión del fiscal general del Estado. Creo que el documento no se le entregó y puede que no se le exhibiera, pero sí se le manifestó su contenido".

El informe sobre la inexistencia de delito se refería, entre otras cosas, a la denuncia relativa al depósito de garantía aportado por los abonados a Canal + a cambio del descodificador, y se concluía que no hay "apropiación indebida por el hecho de que se disponga por el depositario de ese dinero". También se refería a la "dudosa existencia de perjudicados", y se dejaba claro que la alteración unilateral de las condiciones de un contrato "no puede reputarse estafa".

Consultas

Úrculo agregó que Gordillo adujo que había un informe pericial pendiente y sería prudente esperar. "Me pareció razonable, pero le insistí en que cualquier actuación me fuese consultada", dijo.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que declaró a continuación sin conocer las palabras de Úrculo, presentó una versión muy distinta. Según Fungairiño, Gordillo sólo le comentó "la posible existencia de un borrador de la Secretaría Técnica al que se había referido "determinado periódico".

"Nos preocupó mucho, por lo que nos dirigimos varias veces a la Fiscalía General del Estado y preguntamos por ese borrador o nota. El fiscal nos dijo que no, que no había nada. A Gordillo se le negó. A mí también, en varias conversaciones que tuve con Ortiz Úrculo... Como no había borrador, nosotros seguimos controlando las investigaciones, como manda la Ley de Enjuiciamiento Criminal...", apostilló Fungairiño.

Pero antes de estas manifestaciones de Fungairiño, Ortiz Úrculo puntualizó que las actuaciones de la fiscalía en beneficio de Jesús de Polanco, Juan Luis Cebrián y los otros gestores de Sogecable se debieron no a la actuación de Gordillo o de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, sino a órdenes directas de la Fiscalía del Estado.

"El 13 de marzo se le ordenó a Gordillo que enviara a la Fiscalía General todas las resoluciones. Envió una medida cautelar del juez Gómez de Liaño para que los administradores de Sogecable no salieran al extranjero. Se le dio orden de que esa medida no se mantuviera, y eso fue lo que motivó los recursos del fiscal. También se le ordenó que rectificara la posición del fiscal y solicitara el levantamiento total del secreto sumarial".

Desde el 7 de marzo de 1997, Gordillo tenía órdenes escritas de no practicar ninguna actividad que no fuera de mera tramitación "sin previa e inexcusable consulta a la Fiscalía General". Ortiz Úrculo relata: "El 11 de marzo me enteré por los medios de comunicación que el fiscal había interesado una fianza de cinco millones para un auditor de Arthur Andersen. Me extrañó, porque días antes le había dado todos mis teléfonos a Gordillo para que me localizara. Le llamé yo a él y le pregunté por qué. Me dijo que había sido urgente, que no me había podido localizar y que no era "una medida personal", sino de una fianza".

Úrculo ratificó también que citó a Gordillo en su despacho el día 9 de mayo "para darle una orden por escrito muy terminante al respecto". Mientras Gordillo aguardaba en el antedespacho, al fiscal del Estado le llegó el cese del Gobierno. Posteriormente, el 14 de mayo, y con conocimiento de su sucesor, Jesús Cardenal, le remitió la orden por escrito. "Esa orden es la que obra en autos y es la que le di por escrito", agregó.

Declara Fungairiño

Fungairiño apoyó a su subordinado Gordillo -ambos fueron expedientados por Úrculo en su etapa de fiscal general- y defendió la instrucción del caso Sogecable practicada por Gómez de Liaño. Respecto de su subordinado dijo que, aunque es "difícil" dar siempre cuenta de las actuaciones -"porque a veces se pueden desarrollar a medianoche y no vas a llamar a esas horas"-, consideró que "sí se cumplió la orden del fiscal general de que se le tuviese al tanto de lo que ocurría". También respaldó la versión de Gordillo sobre la declaración parcial del secreto por el juez Gómez de Liaño. La Audiencia Nacional le había ordenado a mediados de mayo que levantase totalmente el secreto. Dos días después, Liaño declaró secretas una parte de las investigaciones relativas al patrimonio de los principales gestores de la entidad.

Fungairiño dijo que él llamó al fiscal del Estado y recibió su conformidad. Ortiz Úrculo había dicho que no recordaba haber mantenido esta conversación. "No lo recuerdo. Ese extremo no lo recuerdo", insistió. Fungairiño dijo no ver "en qué pudo haber perjudicado" o causado indefensión ese secreto. Al contrario. "Creo que gracias a ese secreto no se publicaron cosas que se podrían haber publicado", señaló.

A preguntas de Jorge Trías, diputado del PP y defensor del juez procesado, Fungairiño también justificó todas las medidas tomadas por Gómez de Liaño. En su opinión, el secreto sumarial fue "ajustado y proporcional". Nunca "se prohibió" a ningún imputado viajar al extranjero, sino que se les indicó que pidiesen una "autorización". No se causó "ningún trastorno a ningún querellado". Ninguna de las medidas adoptadas fue "excepcional o desorbitada, ni muchísimo menos"; incluso fueron "menos gravosas" que en otras causas. En cambio, dijo que nunca había visto unos calificativos "tan duros" como los utilizados por el tribunal para corregir al juez procesado.

Respecto a la fianza de 200 millones impuesta a Jesús de Polanco, explicó que con dicha cantidad bastaba y que no era necesaria la prisión, como pedían las acusaciones particulares.