Ascenso y caída de Sormen
Nació hace 14 años y su ascenso fue rápido. Durante ese tiempo, la empresa de limpieza Sormen se ha mantenido. Su caída se ha producido en menos de seis mese y, actualmente, su endeudamiento llega a los 360 millones de pesetas. Los bajos precios pronto le permitieron contar con una importante cartera de clientes de los que el 70% pertenecía a la Administración pública. El pasado mes de enero inició un camino sin retorno. Sormen comenzó a sufrir una crisis que estalló en julio con el impago del salario de ese mes a sus 633 trabajadores, al que se sumó el de agosto y la paga extra. En la actualidad, los sindicatos mantienen negociaciones con el Gobierno vasco y foral para salvar los puestos de trabajo. Mientras, hay una convocatoria de huelga para el próximo día 20. Facturación anual Durante sus casi 15 años de existencia, la empresa de limpieza ha sostenido una plantilla en torno a los 600 trabajadores que en el tramo final llegaron a los 633. Su facturación anual, de 1.700 millones de pesetas en contratas con la Administración vasca y en menor medida con la navarra, representa el 70% de su total, según datos sindicales. El resto procede de empresas privadas y se desconoce la cuantía. Sormen se convirtió en la tercera empresa más importante en el sector de limpiezas y mantenimiento en la comunidad vasca. Al final de su vida, cuenta con 344 empleados en Vizcaya; 176, en Álava; 32, en Guipúzcoa; 49, en Navarra, y 32, en La Rioja. Sormen ha limpiado centros escolares, hospitales y oficinas de los departamentos de Administración y Servicios, Hacienda, Educación, Osakidetza, Trabajo, ayuntamientos y diputaciones. El 90% de la plantilla está compuesta por mujeres que llevan entre 10 y 14 años prestando sus servicios a la empresa y cobran 108.000 pesetas mensuales brutas por 36 horas semanales. "Son situaciones muy duras de resolver. Lo están viviendo muy mal. La mayoría de los empleos se van a poder conservar, pero entre 100 y 120 se quedarán sin trabajo y seguramente serán de los puestos de las empresas privadas", expresa Jon Azkue, secretario general de la federación de servicios de Euskadi y Navarra del sindicato CCOO. Las fuerzas sindicales coinciden en la respuesta a por qué la empresa de limpieza ha terminado cerrando sus puertas: Mala gestión, precios de guerra por debajo del mercado y falta de control de la Administración. "La responsabilidad alcanza también a la Administración que concede contratas a empresas como Sormen que ofrecen precios por debajo no ya de la ley de la oferta y la demanda sino por debajo del convenio colectivo aplicado a los trabajadores", argumenta Jon Azkue. De la misma opinión es Iñaki Jerónimo, que trabaja en la empresa desde hace diez años y es sindicalista en UGT. "Lo que ha ocurrido es que la empresa no tenía capacidad financiera para hacer frente a los pagos porque la Administración tarda en pagar las facturas. Negociaba préstamos con los bancos, que avalaba con los contratos suscritos. Después, los pagaba con los intereses acumulados. Llegó un momento en que los bancos perdieron la confianza", analiza. Juan Antonio Astrabudua, del sindicato ELA, resalta que la Administración debe controlar la situación de las empresas y sobre todo, "no admitir las contratas más bajas cuando sabe que están por debajo de los costes y que las empresas finalmente no podrán hacer frente a los pagos". Incide también en que la Administración no controla la subrogaciones de los servicios. En septiembre estalló la crisis y los sindicatos UGT, CCOO, ELA y ESK anunciaron movilizaciones de protesta. Al mismo tiempo, mantienen reuniones con responsables de los departamentos del Gobierno vasco y navarro para buscar soluciones. Hasta ahora, se ha conseguido un compromiso de la Administración vasca para realizar las cesiones de contratos a otras empresas que, al mismo tiempo, se hagan cargo del pago de los salarios atrasados. El mayor problema. Asimismo, el Gobierno vasco mediará en los servicios contratados con empresas privadas. Según el acuerdo, la empresa Impacto se podría responsabilizar del 30% de los centros privados. En Navarra, Gobierno y trabajadores llegaron el pasado viernes a un acuerdo por el que se garantiza los puestos laborales de los empleados que trabajan en las instalaciones del Ejecutivo foral. El resto sigue esperando.
