El crudo, ¿coartada o realidad?

En la edición del 30 del mes de agosto de 1999 de EL PAÍS, en la página 8, sección de Opinión, aparecía un editorial titulado La coartada del crudo, en el que se lleva a cabo una serie de afirmaciones y datos que, en su mayoría, son falsos o, en el mejor de los casos, están utilizados de forma sesgada, por lo que paso a rebatir su contenido, justificando las afirmaciones que se hagan con los datos relevantes.Primero. En primer lugar, la evolución de los precios del crudo no supone ninguna "coartada", como irónicamente se desprende de la lectura del artículo. Según el autor del editorial, el Gobierno justifica la subida de los precios de la gasolina por el incremento del precio del petróleo, y esta justificación le parece al mismo insuficiente. Efectivamente tiene razón: este elemento no es el único que influye en la formación de precios, pero el Gobierno realmente no dice lo que el autor del artículo afirma.

El Ministerio de Industria y Energía, en todas y cada una de las ruedas de prensa que sobre "precios de carburantes y combustibles" realiza con carácter mensual desde abril de 1998, especifica claramente que en los países con precios libres las variables que afectan a su formación son cuatro.

Evidentemente, la cotización internacional de los crudos es una de ellas, pero también lo es la cotización internacional de los productos petrolíferos (gasolina sin plomo, gasóleo de automoción, etcétera), así como los márgenes de distribución y comercialización y los impuestos vigentes en cada país. En dichas presentaciones se analiza con todo detalle la evolución de las dos primeras variables y se entrega copia de todos los documentos utilizados. Toda esta información está disponible en la dirección de Internet del Ministerio de Industria y Energía (http://www.min.es/).

El objeto de este esfuerzo informativo es que, a través de los medios de comunicación, el consumidor pueda recibir una información correcta, veraz y detallada y, en último extremo, que sirva para que éste no sufra abusos.

En cualquier caso, en los primeros siete meses de 1999, el valor medio del crudo brent expresado en pesetas por litro ha pasado de 10,02 en enero, a 19,24 en julio (un 92% de incremento). Por otra parte, el coste de adquisición de la gasolina eurosúper (sin plomo) en los mercados internacionales ha pasado en ese mismo periodo de tiempo de 11,81 pesetas por litro a 23,48 pesetas por litro (11,67 pesetas por litro de incremento).

En España, el precio medio antes de impuestos de la gasolina sin plomo ha pasado de 29,91 pesetas por litro en enero a 41,07 pesetas por litro en julio (11,16 pesetas por litro de incremento).

El margen de distribución y comercialización -diferencia entre el precio antes de impuestos y el coste del producto en los mercados internacionales- ha pasado de 18,10 pesetas en enero a 17,59 pesetas por litro en julio. Es decir, el consumidor español ha soportado un incremento del precio de la gasolina menor que el incremento experimentado por el coste de aprovisionamiento de esa misma gasolina, habiéndose producido como consecuencia una contracción en los márgenes brutos de las compañías petroleras de 0,51 pesetas por litro. Como punto de referencia, para la media de los 15 países comunitarios, entre el mes de enero y julio de 1999, el precio sin impuestos de la gasolina eurosúper ha pasado de 31,18 a 40,78, y los márgenes de distribución y comercialización de 19,22 a 17,30, cantidades todas ellas en pesetas por litro.

Teniendo en cuenta lo que muestra la realidad de estas cifras, difícilmente puede concluirse que, tal como se afirma en el editorial, la explicación dada "es insuficiente y encubre el mal funcionamiento permanente del mercado de los combustibles". No es cierto ni una cosa ni la otra.

Segundo. Tampoco es cierto que el Gobierno suprimiera los precios máximos de las gasolinas el 1 de enero de 1999 como afirma el editorial. La entrada en vigor de la Ley de Hidrocarburos, en el mes de octubre de 1998, trajo consigo la liberalización, ese mismo mes, de los precios de las gasolinas. Los gasóleos estaban liberalizados desde el mes de junio de 1996.

La precisión es importante, porque el hecho de que los precios se liberalizaran en el mes de octubre de 1998 nos ha permitido estudiar el comportamiento de los mismos -una vez liberalizados- en dos periodos totalmente opuestos: una primera parte con precios de crudo y productos decrecientes (octubre-diciembre) y una segunda parte con unos precios crecientes (enero-julio).

Asimismo nos ha permitido analizar un periodo de tiempo lo suficientemente dilatado como para poder extraer algunas conclusiones serias. Evidentemente, este tipo de análisis no es posible si, como se hace en el editorial, se comenta la evolución de los precios en un periodo de únicamente tres semanas, "entre el 12 de junio y el 7 de julio", periodo que, por otra parte, resulta ser uno en el que se han registrado las mayores oscilaciones en los precios en los mercados internacionales. La selección de este periodo tan corto de tiempo puede inducir al lector, falazmente, a la conclusión de que "la liberalización... no solamente ha fracasado, sino que, además, está resultando perjudicial para los consumidores".

La repetición del ejercicio realizado anteriormente nos lleva a que, desde el mes de septiembre de 1998 al mes de julio de 1999, los márgenes de las compañías petroleras en España se han reducido en un total de 2,18 pesetas por litro (ha pasado de 19,77 pesetas por litro a 17,59 pesetas por litro).

Es, pues, falsa la afirmación que se hace en el editorial de "la liberalización de los precios... ha permitido a las empresas mejorar sus márgenes", como lo es también la afirmación "la razón... que explica la tendencia de los precios a subir por encima de lo que marca el mercado".

Teniendo en cuenta estos datos, no creemos que el autor tenga argumentos para poder afirmar que el proceso de liberalización ha sido un "fiasco" y que el Ministerio de Industria y Energía "se precipitó irresponsablemente al suprimir los precios máximos". Tercero. No se entiende cómo el autor, después de afirmar "ante la dificultad de recuperación de los precios máximos..." invite a tomar medidas (supuestamente más simples) como la de "trocear las compañías como ya se ha hecho en otros países con problemas graves de competencia".

La vuelta al sistema de precios máximos no es excesivamente complicada, ya que exige modificar una ley, y si las razones son claras se puede hacer de forma rápida. Para "trocear las compañías" haría falta un desarrollo legislativo específico bastante más complicado que modificar una ley.

Independientemente de que (resulta cuando menos extraño) desde ese periódico se preconice la reducción del tamaño empresarial en momentos como los actuales, ¿es evidente que existan problemas graves de competencia?

Como hemos visto, el precio de la gasolina sin plomo en España es inferior al de la media de los 15 países comunitarios; la evolución de precios en España es similar a la del resto de países comunitarios; y los márgenes de distribución y comercialización desde la liberalización de las gasolinas se han reducido en España más de dos pesetas por litro.

Evidentemente, no se entiende esta afirmación. Más bien parece que dicha aseveración no es el resultado de un análisis, sino que es una premisa en el razonamiento del autor del editorial.

Cuarto. Se recomienda en el editorial tres tipos de decisiones que "contribuirían a bajar los precios a medio plazo". Las tres decisiones requieren ciertas aclaraciones.

La primera es "abaratar los costes de la logística... que ahora gestiona la empresa CLH, controlada por los operadores". Es importante señalar que el coste medio de las tarifas logísticas de la compañía CLH vienen disminuyendo de forma continuada desde 1990.

Sus tarifas están entre las más bajas del mercado europeo y son muy competitivas, como lo pone de manifiesto el hecho de que una gran parte de los operadores de productos petrolíferos que actúan en España (18 de un total de 31) utilicen sus servicios. Las empresas siempre pueden reducir sus costes, pero la sugerencia realizada en el editorial no es nueva, sino que se viene realizando desde hace más de diez años.

La segunda recomendación propone "eliminar las trabas administrativas para la implantación de surtidores en los supermercados". Conviene recordar que, desde la entrada en vigor de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, se eliminó la necesidad de cualquier autorización administrativa, salvo la relativa a la seguridad de las instalaciones y las referentes a la ordenación del territorio y acceso a carreteras, que son idénticas para cualquier sujeto.

Adicionalmente, los artículos 4 y 5 de la misma ley establecen, dentro de la planificación, los criterios generales para determinar el número mínimo de estaciones de servicio, así como la necesaria coordinación en los planes urbanísticos y de infraestructuras viarias. La falta de información del autor del editorial no requiere más comentarios en este punto.

Finalmente se sugiere "estudiar las relaciones jurídicas de los grandes operadores con las estaciones de servicio, porque los primeros imponen a los segundos contratos de exclusividad y larga duración que impiden la bajada de los precios". Conviene precisar aquí que las relaciones contractuales entre operadores petroleros y las estaciones de servicio están reguladas por un reglamento comunitario, de obligado cumplimiento.

Dentro de este marco legal, las partes contratantes son libres de pactar lo que estimen oportuno. No obstante, la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos, en el punto 3 del artículo 43, especifica el derecho de las estaciones de servicio a que se recoja en el clausulado de los acuerdos de suministro en exclusiva la venta en firme de los productos petrolíferos, lo que significa la libertad absoluta para las estaciones de servicio de fijar los precios de venta al público.

En conclusión, lo esencial es dar una información exacta, veraz y detallada que permita evitar cualquier tipo de abuso sobre el consumidor y continuar adoptando las medidas liberalizadoras -como sucede en el resto de Europa- que permitan organizar un mercado único energético, mercado abierto y transparente y alejándose de medidas como las propuestas en el editorial sobre el uso de la amenaza o el troceamiento de la propiedad de miles de accionistas, medidas ineficaces que recuerdan más bien épocas pasadas y mentalidades superadas.