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El Consejo Consultivo instó a modificar la ley de Turismo porque invadía competencias locales El anteproyecto de Núñez obviaba a ayuntamientos y diputaciones, según los juristas

Alejandro Bolaños

La carrera por la aprobación de la ley de Turismo en esta legislatura autonómica ha llegado a un apretado sprint final con su tramitación urgente en el Parlamento; en este trayecto, el texto elaborado por el andalucista José Núñez y su equipo de la Consejería de Turismo, ha sufrido varias modificaciones: muchas se realizaron tras el dictamen del Consejo Consultivo, emitido en junio, en el que se reclamaba que el proyecto de ley respetara la "autonomía de las entidades locales" y se subrayaba que varias disposiciones podían "incidir en las competencias" de ayuntamientos y diputaciones.

Los componentes del Consejo (juristas de reconocido prestigio cuyo dictamen no es vinculante), resaltaron, en su resolución, que el texto no respetaba "los distintos ámbitos competenciales en materia turística". E insistieron en que la Constitución consagra "la autonomía de municipios, provincias y comunidades autónomas para la gestión de sus respectivos intereses". El Consultivo instó al Ejecutivo andaluz a reconocer en el texto las competencias locales en varias de las disposiciones más relevantes del anteproyecto: el Plan General de Turismo, las zonas de preferente actuación turística o la promoción de recursos turísticos. Los juristas también destacaron que el anteproyecto recurría en exceso a los reglamentos administrativos para su aplicación: contabilizaron "más de 40 remisiones". El proyecto de ley que aprobó el Consejo de Gobierno el pasado 6 de julio admite muchas de las sugerencias e incluye, en varios artículos del texto, las entidades locales como órganos públicos en materia de turismo. Sin embargo, no especifica qué órganos de estas entidades tienen las competencias turísticas, como le pedía el Consultivo. El texto que se discutirá en el Parlamento sí reconoce, en cambio, el papel de los patronatos provinciales de Turismo: el PA cedió, en una reunión de viceconsejeros en julio, a la petición del PSOE de garantizar las competencias de las diputaciones.

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