Las culpas se reparten entre Bruselas y los Quince

El informe es durísimo contra los sistemas administrativos de la Comisión. Un ejemplo. Los sabios consideran que sus mecanismos de subcontratación se adornan de una recua de "debilidades". A saber, "arbitrariedad en las afectaciones presupuestarias, mala comprensión de las reglas reguladoras para la conclusión de los contratos, disolución de la responsabilidad de los contratadores en la cadena jerárquica, indigencia del consejo y del control asegurados por los servicios centrales". Pero en las conclusiones finales -de cuatro párrafos-, quizá arrepentidos por el carácter dinamitero de su anterior informe, recuerdan que sus numerosas críticas a los fallos de Bruselas no deben ocultar la "competencia, preocupación por el servicio público y voluntad sincera" por mejorar el sistema que acreditan muchísimos funcionarios de la Comisión, lo que constituye "uno de los activos más importantes de la construcción comunitaria".

Una atenuante tanto o más decisiva, el desequilibrio entre tareas impuestas al Ejecutivo y medios que se le otorgan para realizarlas, algo que tanto reclamó en el desierto el colegio de Santer, y que entonces se le negó, se le otorga ahora. "Frecuentemente, la Comisión no puede emprender más que medidas a medias, porque no dispone de los medios, especialmente reglamentarios, para ejercer plenamente sus responsabilidades", reconoce ahora el grupo de sabios. Y concluye: "La Comisión debe contar con los medios para desempeñar sus responsabilidades".

Si el informe recopila todos los defectos de los mecanismos y prácticas administrativas de la gestión "porque el mandato así lo prescribía", vuelve a matizar el informe.

Las otras instituciones -salvo el Parlamento, al que se le hace la pelota en todos los capítulos, no en vano es quien encargó el dictamen- y los Gobiernos reciben críticas también muy importantes, aunque escritas "en filigrana", como escriben los propios sabios en su página final. Así, por ejemplo, embisten contra el sistema de "cuotas nacionales" impulsado por los Gobiernos a la hora de seleccionar a los altos funcionarios de Bruselas, y propugnan su "flexibilidad".

Y, sobre todo, recuerdan que los Gobiernos "deben adoptar las mismas medidas para la lucha contra el fraude a los intereses financieros de la Comunidad" que las que adoptan para evitar el fraude en sus presupuestos nacionales, algo que no hacen. Los Estados son "el principal distribuidor de recursos comunitarios en su territorio", pero "cuando el fraude pasa inadvertido es el presupuesto comunitario y no el de los Estados miembros el perjudicado".