Israel, sin tortura

Israel era uno de los pocos países que tenían métodos de tortura legalizados al amparo de la necesidad de extraer información a terroristas para evitar atentados. Ahora, tras el claro fallo del Tribunal Supremo, los servicios de seguridad y la policía tendrán que poner fin a tales prácticas, eufemísticamente calificadas de presiones físicas moderadas. El presidente del Supremo, Aharon Barak, no ignora las dificultades que esta sentencia supone para los servicios de seguridad, pero en nombre de la dignidad humana considera que la protección del derecho y de las libertades individuales hace a las democracias más fuertes que sus enemigos. A veces hay que recordar lo obvio. Al menos de momento se pone fin al imposible intento de compatibilizar la defensa de los derechos humanos y la tortura en un Estado que tiene que hacer frente a graves problemas de terrorismo. La democracia es, por definición, incompatible con la tortura, hacia la que debe tener siempre un grado de tolerancia cero.

Han sido siete organizaciones de defensa de los derechos humanos las que han hecho posible esta resolución, por unanimidad de los magistrados del Tribunal Supremo israelí: el organismo que hasta ahora autorizaba en algunos casos esta tortura, y veía los recursos de los detenidos incluso en caliente, durante los interrogatorios. Muchos políticos, incluido el primer ministro, Ehud Barak, han criticado tal decisión del Supremo, por el daño que a su juicio causa a la seguridad de Israel. El Parlamento tendrá ahora que elaborar un nuevo texto legal, aunque ya no podrá autorizar la tortura bajo principios de seguridad nacional ni proteger a un presunto torturador frente a una acusación ante los tribunales. La nueva ley tendrá que respetar los compromisos nacionales e internacionales de Israel con los derechos humanos y la lucha contra la tortura.

Israel era desde 1987 parte del Convenio Internacional contra la Tortura. Pero su peculiar legislación le había llevado a legalizar determinadas formas de malos tratos, tales como sacudir fuertemente a los detenidos -lo único que el Estado se mostraba dispuesto a ilegalizar tras la muerte de al menos un palestino por esta causa-, taparles la cabeza, dejarlos sin dormir y con música a gran volumen o tumbarlos sobre una silla baja con los brazos atados por detrás.

La sentencia del Supremo rinde un enorme favor a Israel, pues la legalización de la tortura restaba credibilidad a la naturaleza democrática de ese Estado. Que en las cárceles controladas por la Autoridad Nacional Palestina se torture no puede servir de excusa para que Israel lo haga. Por el contrario, lo mejor que puede ocurrir es que cunda en Oriente Próximo el ejemplo dado ahora por el Supremo israelí. Los servicios de seguridad se han puesto a buscar nuevas vías para extraer información a sospechosos ante posibles atentados inminentes. Es de esperar que la ilegalización de la tortura sea efectiva y lleve, no sólo en la ley, sino en la práctica, a eliminar de Israel este tipo de métodos.