Una decisión madurada en el verano

El presidente del Gobierno, José María Aznar; el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja y el equipo negociador con ETA (Javier Zarzalejos, secretario general de la Presidencia; Ricardo Martí Fluxá, secretario de Estado de Seguridad; y el sociólogo Pedro Arriola) venían estudiando, durante todo el verano, la decisión de acercar un número masivo de presos etarras al País Vasco, en coincidencia con el primer aniversario de la declaración del alto el fuego de la banda. El criterio de fondo era que, a un año de la declaración de la tregua indefinida de ETA, la opinión pública podía entender una medida de este calibre, favorable al proceso de paz, y que, aunque reversible, iba a ser la más importante del Ejecutivo desde el alto el fuego junto con la apertura del diálogo con ETA.

Mayor resumió la reflexión del Gabinete en un pasaje de su intervención de ayer: "Podríamos no haber hecho nada. El Pacto de Estella había pinchado en las elecciones. No había presión singular por parte de nadie. Pero nos parecía que esto era lo que había que hacer. El Gobierno tenía que aprovechar el margen que había, actuar con responsabilidad y tomar una medida que, además de reforzar la cohesión, demostrara que el Gobierno quiere la paz".

Tanto desde La Moncloa como desde el Ministerio del Interior se insistía ayer en que la medida es independiente de la decisión de ETA de suspender los contactos con el Ejecutivo. Pero la alusión, ayer, de Mayor a que el Gobierno, con esta medida, "pretende demostrar que quiere la paz" es un guiño dirigido al conjunto de la opinión pública, pero también a ETA y al nacionalismo, a los que traslada la responsabilidad si el proceso, al final, se desbarata.

En este sentido, se ha reafirmado la falta de conexión entre el Gobierno y PNV, que conoció la noticia a mediodía de ayer, a través de una llamada telefónica de Zarzalejos a su portavoz, Joseba Egibar. El PSOE lo sabía desde la noche anterior.