El fiscal solicita la suspensión de un juicio por delito laboral

La fiscalía de Alicante ha solicitado la suspensión de un juicio a cuatro personas por un delito de accidente laboral, el primero de este tipo que se celebrará en Alicante, al considerar que este caso compete a la Audiencia Provincial y no a un juzgado de lo Penal. El fiscal encargado del caso, Miguel Gutiérrez, especialista en siniestros laborales, recordó ayer que la celebración del juicio está prevista para el próximo jueves en el Juzgado de lo Penal número 3, aunque estimó que éste será aplazado, a pesar de no haber recibido todavía notificación formal. La acusación particular solicita que se acuerde la suspensión del juicio y, "si interesa", el traslado de competencias "a favor de la Audiencia Provincial", con la consiguiente información de tal cambio a las partes para la presentación de alegaciones. Gutiérrez dijo que en este caso se ha apelado a la existencia de la ley de 12 de noviembre de 1998, posterior a la calificación del caso, en la que se establece que para este tipo de juicios la competencia corresponde a la Audiencia. Éste recordó que la apertura del juicio oral es el momento para determinar la competencia y ésta, explicó, "se produjo por un auto del 19 de octubre de 1998", mientras que la citada ley "no entró en vigor hasta noviembre", por lo que se remitió al juzgado de lo Penal. Recurso "Cuando se produce un cambio en la ley se debe seguir el caso por la tramitación más actual", remarcó el fiscal, quien añadió que el traslado de la competencia ofrece más garantías a los propios acusados, puesto que si la sentencia fuera condenatoria, éstos no tendrían recurso de casación ante el Juzgado de lo Penal y "ante la Audiencia Provincial sí", explicó. "Si no se hubiese solicitado o no nos hubiésemos percatado" el juicio podría declararse "nulo" e, incluso, existiría la posibilidad de que llegase "hasta el Tribunal Constitucional" ya que, señaló: "No tendríamos al juez natural, sino a un juez que no es competente con arreglo a la legislación". Los hechos que se presentan a juicio sucedieron en junio de 1997 cuando un joven de 17 años trabajaba en la construcción de un emisario de aguas residuales en el Barranco de las Ovejas. Las obras habían sido contratadas por la Universidad de Alicante y, durante la consecución de las mismas, el trabajador fue golpeado en la sien por el cazo dentado de una excavadora. El operario que manejaba la grúa, quien no se percató de tal hecho, "abrió la pieza dentada y aprisionó por la cabeza a la víctima subiéndole a ras del suelo". El maquinista paró "cuando oyó los fuertes gritos de otro obrero", pero el joven murió en el acto. Las cuatro personas que figuran como acusados en este juicio son el jefe de la obra, el encargado de las obras de excavación, el responsable de una empresa subcontratista, y el conductor de la excavadora. La acusación particular solicita para todos ellos un año de prisión por homicidio por imprudencia grave, y otra pena por infracción de las normas de prevención de riesgos.