Una juez tiene en sus manos que se ejecute la demolición de Parque Ansaldo en año y medio

El Ayuntamiento de San Juan (Alicante) anunció ayer que en el plazo de año y medio la marginal barriada de Parque Ansaldo "habrá desaparecido", y las más de 2.000 personas que viven actualmente en los 50 edificios que se mantienen en pie, desalojadas para facilitar el trabajo de la piqueta y la revitalización de la zona con una urbanización de nivel medio-alto. Un colectivo de propietarios afectados por un largo proceso judicial y pendientes de cobrar indemnizaciones, se opone a las demoliciones, que de momento ha paralizado una juez de Alicante.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante paralizó el pasado jueves el programa de demoliciones marcado por el Ayuntamiento, que previamente ha tramitado la declaración de ruina para el barrio, al asegurar que los edificios presentan serios problemas estructurales y constituyen un peligro. La magistrada atendió de esta forma el recurso presentado por Carlos Bravo, propietario de un piso en Parque Ansaldo que ha encabezado la batalla judicial contra la Administración y la constructora desde que en la urbanización, diseñada como una zona residencial modélica, comenzaron pronto a surgir defectos hasta degradarse en extremo. Hoy, Parque Anslado se ha convertido en una barriada marginal, en la que conviven más de 2.000 personas, la mayoría de ellas inmigrantes que han ocupado las viviendas abandonadas. Según el Ayuntamiento, únicamente 80 familias tienen derechos adquiridos, y a ellas se destinará el programa de realojo en otros barrios de la ciudad. El futuro del resto de habitantes es tan incierto como el de los bloques que ahora ocupan. La orden de paralización de los derribos llegó cuando uno de los dos edificios afectados ya estaba en el suelo. El lunes, las partes enfrentadas presentaron sus respectivas alegaciones para que la juez resuelva con carácter definitivo, probablemente esta misma semana, si pueden continuar los trabajos o, por el contrario, los edificios se deben mantener en pie hasta que el proceso judicial concluya y los afectados hayan cobrado sus indemnizaciones, de acuerdo a una sentencia firme del Tribunal Supremo. El concejal de Urbanismo de San Juan, Manuel Giménez, apeló ayer al "interés público" para continuar con las demoliciones. "En Parque Ansaldo se da una situación infrahumana, el barrio es un peligro público sin control, con las redes de alcantarillado deterioradas, las aguas residuales circulando por la calzada y desprendimientos constantes", dijo. "La situación es insostenible, y esperamos continuar con los trabajos de inmediato". Los planes del equipo de gobierno, del PSPV, establecen la demolición integral del barrio para finales del año 2000. Para el Ayuntamiento, la desaparición física no afectará al proceso judicial, "y nosotros no podemos renunciar al desarrollo urbano del término municipal", apuntó Giménez. La clave radica en que de la desaparición de Parque Ansaldo depende el desarrollo de 750.000 metros cuadrados del norte de San Juan, donde tienen cabida hasta 3.000 nuevas viviendas que hoy no se ejecutan por los problemas derivados de la marginalidad.