El juez imputa a otro edil granadino del PP en el "caso de Los Cármenes"
El titular del Juzgado de Instrucción número seis de Granada, Miguel Ángel del Arco, ha citado como imputado al concejal del PP de Granada y ex responsable de Urbanismo del anterior gobierno municipal, Miguel Valle, para aclarar su intervención en la venta supuestamente irregular del antiguo estadio de fútbol de Granada. Valle ha sido llamado para declarar el próximo 13 de septiembre como imputado por los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Las imputaciones por las que comparecerá Miguel Valle ante el juez son los mismos por los que declaró, a finales de julio, su compañero del Grupo Popular y ex concejal de Contratación y Compras, Francisco Pertíñez, informaron fuentes judiciales. La venta del antiguo estadio de Los Cármenes -actualmente convertido en un aparcamiento- ha sido calificada por el juez en varios momentos de la instrucción como el resultado de "una trama de especulación" que concluyó en mayo de 1996 con la adquisición del solar y de la deuda acumulada del Granada por la empresa Lazasur en una subasta pública. Esta operación fue cifrada en unos 2.000 millones. Esta cantidad resultó ser superior a la que los directivos del club de fútbol ofertaron antes al Ayuntamiento de Granada, que, tras rechazarla, recomendaron la subasta pública del estadio, situado en la avenida de Jaén y que fue cerrado como instalación deportiva en 1995. Deuda "inflada" Según el denunciante, Alfonso Suárez, ex presidente del Granada CF, la venta del estadio, entre otras irregularidades, se hizo sin la aprobación de la asamblea de socios. También afirma que los directivos del club "inflaron" la deuda real de la institución deportiva. En el sumario aparecen imputadas cerca de 20 personas entre ex directivos del Granada CF, el responsable de la constructora que compró el estadio, un notario, un registrador y los dos concejales del Partido Popular, por delitos que van desde la maquinación para alterar el precio del mercado, estafa, falsedad, contra la Hacienda Público, hasta la prevaricación y tráfico de influencias. El responsable del Juzgado de Instrucción número seis de Granada, que desde hace un año prohíbe que la empresa compradora disponga del estadio -para derribar las gradas y comenzar a construir-, ha impuesto fianzas que superan los cien millones de pesetas a varios de los principales imputados en la causa.
