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El Gobierno acepta estudiar la propuesta socialista para expropiar fincas privadas del monte Abantos

Vicente G. Olaya

Los rescoldos políticos que ha provocado el incendio del monte Abantos (476 hectáreas calcinadas) aún no se apagan. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja, compareció ayer en la Asamblea para explicar la actuación de los equipos antiincendios y las medidas preventinas y de repoblación que llevarán a cabo. El consejero afirmó que se actuó con "absoluta rapidez y coordinación", pero reconoció que la proximidad de las urbanizaciones supone un "foco de peligro indudable". El PSOE pidió la expropiación de todos los terrenos privados.

El portavoz del grupo Socialista-Progresistas, Francisco Garrido, criticó que los bomberos tardaron más de lo previsto en llegar al incendio porque se encontraban en Galapagar, a 10 kilómetros, atendiendo una llamada falsa. Según Garrido, la única motobomba de reserva que quedaba en El Escorial no pudo acudir al incendio de Abantos, ya que no había bomberos disponibles. Además, según el parlamentario socialista, la cuadrilla forestal de la zona estaba efectuando labores de limpieza en un parque urbano de Moralzarzal. Le contestó Carlos Mayor Oreja, que desparramó en el salón de Comisiones datos y más datos para desmentir a la oposición. Recordó que este año Medio Ambiente dispone de 12.200 millones de pesetas para la prevención y extinción de los incendios forestales y que su consejería ha limpiado más de 21.000 hectáreas en los últimos cuatro años. Insistió en que Medio Ambiente había invertido más de 365 millones de pesetas en la limpieza del monte de Abantos, frente a los 72 millones destinados por el PSOE entre 1988 y 1994. Y aseguró que la actuación de los equipos antiincendios se efectuó con "absoluta rapidez y coordinación del dispositivo, que comenzó a llegar doce minutos después del aviso". Esto "permitió sofocar el fuego en apenas veintisiete horas: un éxito de operatividad".

Autobomba y "autobombo"

Tanto destacó Mayor Oreja la actuación de los bomberos, de los retenes forestales y de sus técnicos, que el portavoz de Medio Ambiente de IU, Julio Setién, le espetó que estaba confundiendo "las autobombas [de los bomberos] con el autobombo". "El problema de Abantos es la enorme presión urbanística. Es un crimen. Las urbanizaciones se están comiendo el monte literalmente", señaló. El portavoz de IU denunció que durante las labores de extinción "hubo fallos de coordinación" basados en que "las cuadrillas forestales [privatizadas] dependen tanto de su empresa como de los agentes forestales [de la Comunidad]. Y en esa doble toma de decisiones se pierden unos minutos, que son vitales". Setién reclamó que estos trabajadores se conviertan en empleados públicos. El portavoz de IU reconoció, no obstante, que la limpieza previa del monte de Abantos había sido la correcta y que la maleza existente era necesaria para el mantenimiento del ecosistema: "La maleza, en este caso, es bueneza". Mayor Oreja estuvo de acuerdo con Setién -se oyeron voces de "pinza, pinza", entre los asistentes a la comisión- y destacó que las urbanizaciones son "un foco de peligro indudable para el medio natural". El consejero añadió: "Lo peor en las urbanizaciones es la hora de la siesta, porque cuando los padres duermen, los chavales aprovechan para fumar". Al PSOE, en cambio, no le convencieron estas explicaciones. Su portavoz, Francisco Garrido, afirmó que su grupo no estaba "tranquilo con la paralización del permiso regional para urbanizar el ámbito de Prado de la Era" (terrenos donde el nuevo plan general de San Lorenzo preveía 800 viviendas) y que "la única figura segura para la verdadera protección de la zona de Abantos es la de declarar de utilidad pública" los montes privados de Abantos, así como la compra o expropiación del Prado de la Era. Mayor Oreja replicó que sólo contaba con 200 millones para la adquisición de fincas en toda la región y que existían otras más interesantes. "Pero será objeto de estudio", manifestó. Por otra parte, el alcalde de San Lorenzo, José Luis Fernández-Quejo, del PP, pedirá al fiscal de Medio Ambiente "que amplíe las diligencias de la investigación" ante "posibles intereses" para hacer inviable la recalificación del Prado de la Era. El regidor añadió que "casualmente", desde la redacción de las normas subsidiarias, "se han producido tres incendios" junto a la urbanización Monteescorial, adyacente al Prado de la Era, y añadió que a esta recalificación "sólo alegaron 40 personas que, precisamente, habitan en la urbanización", lo que "da que pensar".

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Sobre la firma

Vicente G. Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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