Hacienda elimina por sorpresa las ayudas para estudios a 40.000 funcionarios

VIENE DE LA PÁGINA 1A partir de este curso, si la Comunidad de Madrid no da marcha atrás, los maestros y sus hijos deberán abonar las mismas tasas que cualquier otro alumno si desean adentrarse en el mundo de la enseñanza musical o de idiomas. Son tarifas asequibles, pero desconocidas en las previsiones de gastos de estas familias.

En concreto, cada asignatura que se imparte en los conservatorios profesionales de Madrid tiene un coste anual de 6.500 pesetas, a las que hay que añadir unas tasas de inscripción de menos de 2.000 pesetas (hasta ahora, las únicas que abonaban los maestros). Durante los dos primeros años de formación musical, los estudiantes sólo se matriculan en Lenguaje Musical y en algún instrumento, pero hay que añadir la asignatura de Coro en tercer y cuarto curso y las de Orquesta y Piano Complementario a partir del quinto. En consecuencia, el padre de un niño de 12 o 13 años que matricule a su hijo en quinto año de conservatorio habrá tenido que abonar 27.890 pesetas.

En el caso de las escuelas oficiales de idiomas, el precio de las asignaturas depende de que sean de primer curso o de cursos sucesivos. Estudiar cualquier idioma cuesta 9.840 pesetas durante el primer año, una cifra que se reduce hasta cerca de las 7.500 pesetas a partir del segundo.

Nuevo régimen tributario

Un portavoz de la Consejería de Educación explicó que cualquier transferencia competencial "trae consigo un cambio en el régimen tributario de los centros". Por tanto, todas las instalaciones educativas públicas de la región se rigen desde el pasado 1 de julio por la ley de tasas y precios públicos de la Comunidad de Madrid. Y es en este texto legal donde no aparece ningún tipo de excepción a las tarifas generales, salvo los descuentos aplicables a las familias numerosas de primera y de segunda categoría. Cuando los funcionarios rellenan los impresos de autoliquidación de los conservatorios o escuelas de música, se encuentran con que no hay ninguna casilla referente a la gratuidad de matrícula para ellos.

Es difícil calcular qué cantidad adicional recaudarán las arcas regionales con la supresión de este beneficio para 40.000 funcionarios, ya que depende directamente de cuántos estén interesados en las enseñanzas musicales y lingüísticas y de su número de hijos. De todos modos, la cifra global no debe superar los 100 millones de pesetas, según cálculos de este periódico.

El sindicato Comisiones Obreras se mostró ayer muy enojado con este cambio de panorama para los funcionarios del Ministerio de Educación. "Los maestros y profesores tienen que pasar a la Administración regional con todos los derechos adquiridos, que son poquísimos, por cierto", exclamó el secretario general educativo del sindicato en Madrid, Jaime Cedrún. "Por tanto, si este problema se confirma", apostilló, "entenderemos que el consejero Beteta ha roto las hostilidades y abierto un conflicto totalmente innecesario". Cedrún apuntó que, si se niega este derecho a los trabajadores de la enseñanza, habrá que equipararles en beneficios sociales con el resto de funcionarios autonómicos. "Empezando, desde luego, por el Abono Transporte gratuito", recalcó.

Cedrún se mostró crítico con los primeros pasos que ha dado el Ejecutivo regional en materia educativa durante sus dos primeros meses de gestión. "A Beteta le suelen desagradar las ventajas laborales de los acuerdos educativos, pero el problema no sólo viene de él. Lo cierto es que entre esto y el intento de implantar las clases de Religión en la formación profesional, el PP regional no ha empezado muy fino con las cosas de la enseñanza", diagnosticó el líder regional.

El antecedente de las matrículas universitarias gratuitas para profesores e hijos de profesores se derogó durante la etapa socialista a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Con todo, las universidades han mantenido, por su cuenta y riesgo, ciertos beneficios para el gremio. La más generosa de todas era hasta ahora la Autónoma, que el curso pasado mantenía la gratuidad de las matrículas para su personal de administración y servicios, los profesores contratados, hijos menores de 25 años de trabajadores, hijos de funcionarios fallecidos en activo, funcionarios de institutos y centros del CSIC con los que mantiene convenios y funcionarios y personal laboral que presten directamente sus servicios en la Consejería de Educación, así como sus hijos menores de 25 años.

Aunque la horquilla de posibilidades parece bastante amplia, a la hora de la verdad se traduce en que la Autónoma tramita apenas cien matrículas gratuitas. Total, nueve o diez millones de pesetas.