CiU pide a Clos la suspensión de la ópera "Carmen" en la Monumental de Barcelona

La representación en Barcelona de la ópera Carmen, en versión de La Cuadra de Sevilla de Salvador Távora, ha abandonado el terreno del espectáculo para entrar en la arena política. El grupo de Convergència i Unió (CiU) en el Ayuntamiento ha pedido al alcalde de la ciudad, Joan Clos, que prohiba el montaje, previsto inicialmente para el 15 de septiembre en la plaza de toros Monumental. Para Jordi Martí, director del Instituto de Cultura (ICUB), la petición de CiU está fuera de lugar porque el Ayuntamiento ya ha desestimado su programación en las fiestas de la Mercè.

La polémica estriba en la inclusión del rejoneo de un toro a lo largo del espectáculo, algo expresamente prohibido por la Ley de Protección de los Animales del Parlamento de Cataluña. Aunque los responsables de La Cuadra de Sevilla afirman que Carmen "entra dentro del ordenamiento taurino", la legislación catalana distingue entre una corrida, que tiene su normativa específica, y cualquier otro espectáculo, caso en el que no se permite la agresión física de ningún animal. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Tarragona, en manos del mismo partido que pide la suspensión del espectáculo en Barcelona, lo autorizó el pasado 14 de agosto. Aunque se indultó el toro, el animal fue sacrificado después de la corrida. Sin embargo, dicho permiso, y la consecuente representación de Carmen en la Plaza de Toros de Tarragona dentro de las Fiestas de Sant Magí, puede reportar al consistorio dirigido por Joan Miquel Nadal, de CiU, una sanción administrativa de hasta 2.500.000 pesetas por parte del Departamento de Agricultura, que ya tiene en su poder un expediente informativo del Departamento de Gobernación. Según aseguran fuentes de Gobernación, el delegado de la Generalitat en Tarragona, Josep Maldonado, había advertido a Nadal que no se podía celebrar la corrida al mismo tiempo que el espectáculo teatral. Josep Miró i Ardèvol, portavoz del grupo de CiU en el Ayuntamiento, no esconde la existencia de "discrepancias" con el consistorio de Tarragona. Miró i Ardèvol, redactor en 1988 de la Ley de Protección de los Animales, afirma: "Queremos evitar que la ley quede en papel mojado". El teniente de alcalde por Esquerra Republicana, Jordi Portabella, se sumó ayer a última hora a la petición de CiU. Sin embargo, para Jordi Martí, director-gerente del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB), la petición de CiU "no tiene razón de ser". "Demasiado tarde" El Ayuntamiento barcelonés ya había desestimado semanas atrás la inclusión de Carmen en la programación de las fiestas de la Mercè, caso en el que hubiese tenido competencia para autorizar el espectáculo después de pedir el beneplácito del Departamento de Gobernación. Martí recuerda que "la petición de La Cuadra de Sevilla llegó demasiado tarde". Salvador Távora, que ya intentó sin éxito que Carmen formara parte de la programación del Festival Grec de 1998, ha vuelto a topar con la legislación catalana. En esa ocasión, recordó ayer Joaquim Molins, jefe del grupo municipal de CiU en Barcelona, el ICUB desestimó la propuesta a tenor de un informe redactado por la Dirección de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, que puso sobre la mesa tanto la legislación catalana como las ordenanzas municipales, muy estrictas respecto al maltrato de animales en espectáculos públicos. En este 1999, y a 15 días de la fecha prevista, Távora "no ha renunciado" a la plaza de Barcelona, según afirma su colaboradora Liliane Drillon. A pesar de ello, reconoce que no es probable que Carmen se represente el día 15, puesto que aún no se ha podido concretar el alquiler de la Monumental ni se han puesto siquiera las entradas a la venta. Drillon entiende que La Cuadra de Sevilla se halla ante "razones políticas, no legales". A pesar de ello, y tras su paso por Tarragona, nueve entidades en defensa de los animales expresaron públicamente su rechazo por "la utilización de un toro, su maltrato y su posterior matanza" en el espectáculo, por lo que pidieron a la Generalitat que multara al Ayuntamiento tarraconense.