García Merita "colocó" a una psicóloga que ejerce en su despacho

La ex directora general de Servicios Sociales, María Luisa García Merita, pudo haber vulnerado el regimen de incompatibilidades de altos cargos al contratar algunos servicios de la Consejería de Bienestar Social con María José Martínez Fernández, psicóloga, antigua alumna suya y, actualmente, profesional en ejercicio en el despacho profesional que regentó García Merita. El número de teléfono de ese gabinete de psicología, ubicado en la calle Campanar de Valencia, aún está a nombre de la profesora de Universidad. Martínez Fernández disfruta, a pesar de no ser funcionaria y, por supuesto, de no haber concurrido en principio a concurso público alguno, de un despacho en la dirección general que dirigía su antigua maestra. Desde allí, trabaja en la "implantación del manual de intervención con menores residentes", la aplicación práctica de un conjunto de recomendaciones generales que deben ser adaptadas a los diferentes centros juveniles regentados por la consejería: residencias infantiles o comarcales; centros de reeducación o primera acogida. Martínez Fernández cobra 240.000 pesetas mensuales brutas por esa labor. García Merita, que ha solicitado ser indemnizada por su salida forzada de la dirección general, niega cualquier irregularidad en la contratación, "que fue hecha tras un concurso", asegura. Martínez Fernández, efectivamente, resultó elegida en un proceso de selección. Eso sí, después de haber sido contratada de manera directa. En cualquier caso, García Merita asegura no tener constancia de que su antigua alumna ocupa el despacho profesional abierto por ella. "Si es así, lo desconocía", declaró. Además, negó cualquier trascendencia a su coincidencia en las aulas. "Cientos de psicólogos han sido alumnos míos", dice. García Merita también ha encargado varios trabajos al marido de Martínez Fernández, Antxón Niño García, al que califica de "profesional muy competente". Fuentes de la consejería aseguran que la pareja comparte una "buena amistad" con la ex directora general. Ésta, según una ley de 1983 reformada en 1991, no puede "compatibilizar su actividad con el desempeño, por si, o mediante sustitución" de cualquier otra actividad, sea "de carácter público o privado".