Bruselas autoriza la OPA del BCP sobre el grupo Champalimaud

La Comisión Europea autorizó ayer la oferta pública de adquisición (OPA) que el Banco Central Portugués (BCP) había lanzado sobre el grupo Champalimaud, al considerar que "no constituye una operación de dimensión europea" y, en consecuencia, no estar sujeta a la obligación de comunicación.El grupo BCP se dirigió a la Comisión Europea los días 5 y 22 de julio pasado solicitando su parecer respecto a las ofertas lanzadas sobre la aseguradora Mundial Confiança y las entidades Banco Pinto y Sotto Mayor y Crédito Predial Portugués, todas ellas del grupo Champalimaud.

Esta respuesta, de carácter administrativo, no afecta al fondo del contencioso que dirimen las autoridades de Bruselas con el Gobierno de Portugal por el veto de éste al acuerdo entre el grupo Champalimaud y el Banco Santander Central Hispano (BSCH).

En este sentido, un portavoz oficial afirmó ayer que la Comisión Europea estudiará lo más rápidamente posible el "voluminoso" contenido de la carta que remitió el martes pasado el Gobierno portugués en respuesta al escrito de emplazamiento -primer paso del procedimiento de infracción- que le envió a su vez en julio el Ejecutivo de Bruselas en relación con este contencioso.

La postura del Ejecutivo luso, que se niega a autorizar la alianza a pesar de la opinión favorable de la Unión Europea, ha motivado la decisión de las entidades del grupo Champalimaud de acudir a los tribunales cuando reanuden su actividad, el próximo 15 de septiembre.

Las iniciativas ante los tribunales se centrarán en el veto del ministro portugués de Finanzas, António Sousa, al acuerdo con el BSCH. Asimismo, también se iniciarán acciones legales por la decisión del Gobierno portugués de retirar los derechos de voto de António Champalimaud en Mundial Confiança, buque insignia del grupo.

Sousa Franco reiteró el martes en su carta al comisario europeo de Comercio Interior, Mario Monti, la "razones prudenciales" del veto de su Gobierno a la alianza estratégica invocando el derecho nacional de Portugal. Según Franco, el decreto-ley que regula la actividad de las aseguradoras prohíbe esa operación.