Un asilo expedientado en junio por hacinamiento permanece abierto

La Consejería de Asuntos Sociales ordenó el pasado mes de junio el cierre cautelar de la residencia privada para la tercera edad El Pájaro Azul de Armilla, en Granada, tras observar diversas irregularidades en su funcionamiento e instalaciones. El expediente menciona que se detectó hacinamiento y mala alimentación de los residentes. Sin embargo, el cierre no llegó a producirse. Lo impidieron los propios familiares de los residentes, que se negaron al traslado de los ancianos a otros centros.

La Delegación de la Consejería de Asuntos Sociales de Granada, tras una inspección ordinaria, abrió en mayo un expediente de cierre cautelar a El Pájaro Azul por considerar que los 15 residentes estaban hacinados, su alimentación e higiene era escasa y cinco de ellos, en silla de ruedas, no podían moverse por el edificio, que carece de ascensor. El asilo, según Asuntos Sociales, tampoco disponía del suficiente personal para atenderlos. El propietario del centro, Miguel Rodríguez, aseguró ayer que las irregularidades denunciadas por la Junta "son falsas". "Los internos están perfectamente nutridos y aseados. El intento de cierre fue un atropello, ya que su ejecución fue denegada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Granada", señala. Rodríguez admite, sin embargo, la existencia de barreras arquitectónicas en la residencia, aunque recordó que tiene de plazo hasta la primavera del 2000 para realizar las obras de mejora requeridas. El dueño de El Pájaro Azul considera que Asuntos Sociales actuó de manera irregular en el intento de cierre cautelar y ha interpuesto denuncias administrativas en los juzgados. También hay abierto un proceso penal contra la delegada de Asuntos Sociales en Granada, María José Sánchez, y dos técnicos de la Delegación por presuntos delitos de amenazas, coacciones y prevaricación. Después de que los familiares impidieran el cierre, la Delegación de Asuntos Sociales elevó el caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se pronunciará, posiblemente, en septiembre. Por otra parte, en el caso de los dos asilos cerrados en Sevilla, ocho de los 20 ancianos pendientes de realojo ya están con sus familias o en otros centros de la tercera edad, mientras se tramita el destino de los otros 12. La Fiscalía de Sevilla solicitó ayer a los ayuntamientos de la provincia que les informe, a través de los cuerpos de Policía Local, de todas las posibles residencias de ancianos ilegales que haya en sus términos municipales.