LAS PENSIONES Un debate clarificador

Asistimos en los últimos meses a un debate enmarañado en torno a las pensiones que pone sobre la mesa, a mi juicio, una de las claves de la política española -incluso se podría decir que europea- del inmediato futuro. En estos tiempos de "terceras vías", de falsos y triviales debates sobre la distribución territorial del poder, de actitudes snob que se maravillan ante cualquier intento supuestamente modernizador siempre que vaya envuelto en el papel de celofán de la "eficiencia convergente", un debate sobre la subida de las pensiones más bajas del sistema y de aquellas prestaciones asistenciales muy alejadas del Salario Mínimo Interprofesional, es un soplo de aire fresco. Es una oportunidad para la claridad, concepto cartesiano que no debería de olvidarse en la política. Resulta clarificador saber quiénes están a favor de una política de redistribución y quiénes no. Es bueno que los ciudadanos sepan que hay quienes desean que se produzca un esfuerzo para reducir las diferencias entre las pensiones más altas y las más bajas, para aproximar la cuantía de las más bajas al salario mínimo, y hay quienes no quieren ni lo uno ni lo otro. Ayuda a la claridad en la vida política que quienes vienen tomando decisiones para favorecer las rentas del capital, las plusvalías a las grandes compañías eléctricas, y a quienes tienen ingresos más altos, los mismos se opongan a una subida moderada de las pensiones más bajas por encima de la inflación. Estamos asistiendo al esfuerzo de algunos por intentar distraer la atención en este asunto colocándolo en el terreno de la constitucionalidad de la medida tomada por la Junta de Andalucía, o bien argumentando catástrofes y amenazando con el hundimiento del sistema de la Seguridad Social, con falsedades tan burdas como la supuesta rotura de la llamada "caja única". También alegan que acercar las pensiones más bajas al Salario Mínimo Interprofesional sería socialmente pernicioso porque desincentivaría la búsqueda de empleo, como si el parado fuese un maleante que no encuentra trabajo porque no quiere. Atacan a quienes han propiciado el debate porque, dicen, se está "politizando" una cuestión que debería de estar fuera de la controversia política y alejada del uso electoralista, como si no fuera precisamente esto y no otros sucedáneos al uso, lo que define lo más noble y democrático de la política. Los ciudadanos deben de saber lo que defiende cada fuerza política para que puedan decidir su voto con pleno conocimiento y en libertad, porque en esta cuestión, como en tantas otras, no todos somos iguales, afortunadamente. Nos encontramos ante una cuestión básica en la coyuntura política del momento, pero estamos además ante una cuestión decisiva que puede orientar el debate político en Europa durante los próximos meses. Las estrategias conservadoras, en España y en el resto de Europa, pasan por profundizar en un discurso que aparentemente concilia el mantenimiento del estado del bienestar con medidas progresivamente "flexibilizadoras" de las supuestas "rigideces" que impiden el ajuste eficiente del sistema. En nuestro caso, por cierto, esa estrategia viene "entreverada" con la desvergonzada política de privatizaciones, al servicio de intereses de los amigos que luego utilizan las grandes empresas privatizadas para avanzar en el oligopolio de los medios de comunicación, cuyo ejemplo más reciente es el de la supresión del programa de Julia Otero tras la compra de Onda Cero por los amigos del señor Aznar. Todo muy "liberal" y "eficiente", ya se ve. La liberalización trae consigo el mayor incremento de los precios de los carburantes -gasolina y butano- que recuerdan las crónicas, incrementos que chocan con la bajada de impuestos que vamos a "disfrutar" los españoles, una bajada del IRPF que es mucho mayor para una renta de ocho o nueve millones al año que para otra de cuatro o cinco, mientras que el incremento de impuestos sobre los carburantes afectará por igual al bolsillo de unos y otros. El resultado final será una bajada neta de impuestos para las rentas más altas y un aumento, vía impuestos indirectos, para las rentas medias y bajas. Todo, de nuevo, muy "liberal" y muy "eficiente". Más allá de las estrategias mediáticas y de las maniobras de distracción, en la polémica de las pensiones lo que está en juego, como lo va a estar en toda Europa en breve a cuenta de los ajustes debidos para la convergencia real y al hilo de la nueva mayoría conservadora en el Parlamento europeo, es el corazón mismo de la política de bienestar. Una línea que aún hoy sigue marcando de qué lado se hace política, si de la inmensa mayoría o de una poderosa minoría, hablamos de la redistribución. Si la política fiscal de la derecha reduce la redistribución en los ingresos públicos, frena el ritmo de la inversión pública en infraestructuras; si se incentivan estrategias favorecedoras de la prestación privada de servicios públicos esenciales -como la Sanidad y la Educación- en detrimento de la lógica pública; si se controlan los medios de comunicación públicos y privados con un intervencionismo burdo y descarado; si, finalmente, se le niega a un amplio pero débil sector de la población -como son los cientos de miles de españoles que cobran una pensión o un subsidio por debajo de las cincuenta y pico mil pesetas- si se les niega, insisto, una medida tan clara y nítidamente redistributiva en el gasto público como un aumento ligeramente superior a la inflación en dicha pensión, es que estamos ante una política conservadora químicamente pura aunque envuelta en todos los celofanes que queramos. Esas son las políticas que hay que denunciar y explicar una y mil veces para persuadir a la inmensa mayoría de los ciudadanos de que, además de nefastas para sus intereses, esas políticas nos conducen a una sociedad crecientemente egoísta, insolidaria, injusta y potencialmente violenta. Por eso es tan decisivo el debate de las pensiones, por eso es tan crucial que la opinión pública se movilice para que el Gobierno del señor Aznar rectifique, aunque sea tarde.

Manuel Gracia Navarro, diputado por Córdoba y secretario general del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía.