Ni la fiscalía ni los populares encuentran "percha legal" para impedir que se vote la moción de censura en Ceuta

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como los portavoces de las dos asociaciones de fiscales mostraron ayer su escepticismo ante la estrategia del PSOE orientada a conseguir que un juez paralice el pleno de Ceuta que daría al GIL el Gobierno de la ciudad autónoma el próximo día 23. En el mismo sentido se expresó Ana Mato, portavoz del PP, partido que ha llegado a la conclusión de que no existe "percha legal" que permita suspender la convocatoria de una moción de censura.Frente a la apremiante demanda de los socialistas para que la Fiscalía Anticorrupción abra una investigación e inste un mandamiento judicial para suspender cautelarmente el pleno, fuentes de Anticorrupción indicaron que el escrito presentado el martes por el PSOE no comenzará a tramitarse antes de septiembre, cuando se reintegren a su puesto los fiscales que actualmente se encuentran de vacaciones. La Fiscalía Anticorrupción cuenta con una plantilla integrada por un jefe, un teniente fiscal y seis fiscales, de los que uno se encuentra de guardia y no tiene facultad decisoria para incoar diligencias.

El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Adrián Salazar, recordó que la asignación de asuntos a Anticorrupción "es competencia del fiscal general del Estado". "Creo que hay un poco de brindis al sol en la denuncia del PSOE", ya que, precisó, en principio el órgano competente para conocer de un delito es la fiscalía del lugar.

El presidente de la mayoritaria Asociación de Fiscales, Miguel Colmenero, manifestó a la Cadena SER que no se deben confundir actuaciones de tipo político con actuaciones judiciales, y que "las cuestiones políticas tienen su ámbito de solución y ahí es dónde deben plantearse y resolverse".

En Ceuta, los partidos que están todavía en el Gobierno de la ciudad, PP, PDS y PSOE, comienzan a dar la batalla por perdida. La tránsfuga Susana Bermúdez, cuyo voto es clave para que prospere la moción, sigue en paradero desconocido, y la fiscalía no encuentra indicios para instar su localización, así que la idea que comienza a cundir es que nadie podrá impedir que el Gobierno caiga en manos del GIL. Los responsables de los partidos ni siquiera quieren hacer declaraciones públicas, aunque en privado admiten que han perdido ya la esperanza de solucionar la cuestión. Lo único en lo que confían es en que Bermúdez explique sus motivos para que quede claro, según ellos, que ninguno de los que ha argumentado su familia son suficientes para justificar una decisión tan drástica. Sin previo aviso, se pasó del PSOE al Grupo Mixto, y lo hizo expresamente para apoyar esta moción.

Mientras, la actividad en la sede del GIL en Ceuta es frenética. Estos días comienza a decidirse el reparto de cargos, que en el caso de esta ciudad autónoma, dada la importancia de las competencias, son muy numerosos. Las idas, venidas y reuniones son constantes.

Antonio Sampietro, candidato a presidente en esta moción de censura, se mostraba ayer eufórico ante las declaraciones de Ana Mato, del PP, en las que ésta reconocía que no hay ninguna posibilidad legal de anular el pleno del lunes. Ahora sólo queda por decidir, según Sampietro, qué parte de la tarta del nuevo Gobierno le corresponde a la familia Bermúdez, tanto a Susana como a su marido.