Esperpento final

EN EL ecuador del silencio político de agosto, la comisión encargada de investigar las ayudas al cultivo del lino aprobó, con los votos a favor del PP, CiU y Coalición Canaria, unas conclusiones que niegan la existencia de una trama organizada de cargos públicos en el Ministerio de Agricultura para obtener subvenciones públicas por el cultivo de dicha planta, y exculpan a la ex ministra Loyola de Palacio de cualquier responsabilidad política en el asunto. A instancias de CiU, preocupada por salvar la verosimilitud de las conclusiones, la Inspección General de Servicios investigará la situación del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro, por si el desempeño de su cargo fuera incompatible con sus negocios agrarios. Una finta estéril que en nada mejora el sonrojante tratamiento parlamentario que ha recibido este caso.Las conclusiones son las largamente anunciadas desde que el 29 de julio se cerró la última sesión de comparecencias ante la comisión. El problema es que carecen de credibilidad y, lo que es peor, ni siquiera resultan inteligibles para la mayoría de los ciudadanos. No puede ser fiable el resultado de una comisión aprobada a regañadientes del PP, limitada a seis días de comparecencias -en los que se agolparon apresuradamente las declaraciones de 35 personas- y sometida a la regla de la mayoría política, en la que se impone la opinión del partido con mayor representación. Abundan los indicios de que la comisión ha sido un montaje, organizado con el apoyo servicial de CiU, para exonerar a la ministra y neutralizar las consecuencias de la escandalosa conducta de los funcionarios del Gobierno del PP, expertos en compatibilizar las tareas de servicio público con la percepción ventajista de primas suculentas para sus negocios privados.

Las conclusiones aprobadas por la mayoría -hay votos particulares de los partidos de la oposición- tampoco aclaran de forma verosímil el fondo de la cuestión. La opinión pública tiene derecho a preguntarse cómo es que, si está probado que varios cargos del departamento de Agricultura percibieron subvenciones públicas para sus empresas particulares (o de sus familiares) durante el desempeño de sus funciones, la ministra del ramo no tenga responsabilidad política por la conducta de sus colaboradores. Éste es el auténtico nudo de la cuestión que el PP y CiU no han conseguido deshacer en su atropellada carrera para negar la evidencia y procurarse una coartada política chapucera.

Este Gobierno tiene ya amplia experiencia en tergiversar el papel de las comisiones de investigación parlamentarias. Lo hizo, descaradamente, con la subcomisión sobre las subvenciones de Industria, organizada para mayor gloria de Josep Piqué, y ha repetido la maniobra con la comisión del lino, transformada ésta también en comisión de ocultación, dedicada afanosamente a la búsqueda del carpetazo. Pero la factura política no está pagada. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción puede pasarla de nuevo al cobro.