Las 15 recomendaciones

- Separación de las fuentes de financiación. La financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva debe depender de las cotizaciones sociales, y la financiación de las prestaciones no contributivas y universales, de la imposición general.- Constitución de reservas. Es necesaria la constitución de reservas que atenúen los efectos de los ciclos económicos.

- Mejora de bases. Las bases de cotización deberán coincidir en todos los grupos plenamente con los salarios reales, con la aplicación gradual de un único tope máximo de cotización.

- Financiación de regímenes especiales. Modificar en lo posible la situación actual.

- Mejora de los mecanismos de recaudación. Proseguir los esfuerzos de mejora de los mecanismos de recaudación de las cotizaciones.

- Simplificación e integración de regímenes especiales. Se recomienda continuar en el proceso de reducción de los regímenes especiales, dejando sólo dos: el de trabajadores por cuenta ajena y el de los trabajadores por cuenta propia.

- Integración de la gestión, en busca de una mayor eficacia en la gestión del sistema. - Evolución de las cotizaciones. Se recomienda la reducción de las cotizaciones sociales como elemento dinamizador del empleo.

- Equidad y contributividad del sistema. Se propone que, a partir de 1996, las prestaciones guarden una mayor proporcionalidad con la cotización efectuada.

- La edad de jubilación. Se mantiene en los 65 años, aunque se recomienda la prolongación voluntaria de la vida activa de los trabajadores.

- Mantenimiento del poder adquisitivo. Mediante la revalorización automática de las pensiones en función de la evolución del IPC.

- Reforzar el principio de solidaridad. Si la situación financiera lo permite, se adoptarán medidas de solidaridad como elevar la edad de permanencia en el percibo de pensiones de orfandad o mejorar las pensiones de viudedad.

- Mejora de la gestión para frenar el fraude.

- Sistema complementario. El sistema público debe poder complementarse, voluntariamente, con sistemas de ahorro privados.

- Análisis y seguimiento de la evolución del sistema. El Congreso revisará el sistema cada cinco años.