Pujol promete en su programa electoral bajar los impuestos con deducciones en el IRPF

Convergència i Unió (CiU) se compromete en su programa electoral para las elecciones autonómicas a bajar los impuestos en caso de que vuelva a alcanzar la presidencia de la Generalitat de Cataluña. En su propuesta de nuevo pacto fiscal para esta comunidad, la coalición nacionalista se fija como objetivo obtener unos ingresos adicionales de 400.000 millones de pesetas anuales y gestionar la totalidad de los impuestos que se recaudan en Cataluña. Ello le permitiría disminuir la presión fiscal sobre los ciudadanos mediante deducciones en el impuesto sobre la renta.

Las propuestas que realiza CiU en su programa están supeditadas a que revalide su mayoría en el Parlamento y a que ésta sea lo suficientemente amplia para negociar sin ataduras con el Gobierno central un nuevo pacto fiscal, que debe aplicarse a partir del 1 de enero del año 2002. Esta propuesta de reducción de impuestos trasciende poco después de que Jordi Pujol prometiera también una subida en las pensiones no contributivas, en el marco de la precampaña electoral para las próximas elecciones autonómicas, previstas para el otoño. Esta promesa ha sido calificada de oportunista por parte de la oposición, quien ha recordado a Pujol que en trece ocasiones CiU ha votado en contra de propuestas similares en el Congreso.La coalición que lidera Jordi Pujol estima que en la actualidad se produce un excedente fiscal con el Estado, en detrimento de Cataluña, de entre 700.000 y 1,2 billones de pesetas, según diversos estudios. Esto significa, según CiU, que los catalanes pagan en conjunto un 24% más que los ciudadanos del resto del Estado y en cambio reciben un 12% menos.

El objetivo de CiU es que la Generalitat recaude y gestione todos los impuestos y transfiera el 40% del IRPF y el 50% del Impuesto de Sociedades y del IVA. Cataluña se quedaría la totalidad de los impuestos especiales (tabaco y alcohol), los tributos cedidos (sucesiones, transmisión patrimonial) y la matriculación de vehículos. Ello supondría una financiación adicional de unos 400.000 millones de pesetas.

Esta cantidad permitiría a la Generalitat, según CiU, rebajar considerablemente los impuestos a los catalanes mediante deducciones en el impuesto sobre la renta en aplicación de la capacidad normativa que posee la Generalitat sobre un tramo del IRPF y que por el momento el Gobierno catalán nunca ha utilizado. En la actualidad este tramo es de un 30%, pero en el futuro Jordi Pujol quiere que se amplíe hasta el 60%.

Deducciones familiares

Las rebajas afectarían sobre todo a los núcleos familiares. Por ejemplo, se aplicarían unas deducciones de 100.000 pesetas en la declaración de renta a las familias numerosas y a las que tuvieran a su cargo personas mayores de 65 años o discapacitadas. También habría incentivos fiscales para inversiones fijas, como la compra de viviendas de primera residencia. CiU prevé asimismo poder aplicar diversas deducciones a las empresas que inviertan una parte de sus beneficios en infraestructuras para la mejora del medio ambiente o en I+D (Investigación y Desarrollo).

Desde el Gobierno de CiU se considera factible esta bajada de impuestos, aunque quedaría supeditada a la firma de un nuevo modelo de financiación mucho más generoso para Cataluña. Desde la coalición nacionalista se pone el ejemplo del impuesto de sucesiones y transmisiones patrimoniales -tras-pasado ya a la Generalitat-, que se ha reducido hasta el 5%.

Con 400.000 millones de pesetas más al año, Convergència i Unió considera que la financiación de la Generalitat alcanzaría su "punto justo". El resto del actual excedente fiscal sería la contribución de Cataluña a la solidaridad interterritorial.

Durante los cuatro años que CiU ha apoyado al Gobierno del PP ha obtenido financiación adicional por valor de unos 100.000 millones anuales, según la Generalitat, pero su objetivo es consolidar un aumento de 400.000 millones anuales. CiU indica que podrían obtener otros recursos adicionales si el Gobierno del PP aflorase el déficit sanitario y si se incluyera en los Presupuestos Generales del Estado la financiación específica para entes locales que ahora carecen de ella, como, por ejemplo, los consejos comarcales.

Algunas de las propuestas fiscales que figuran en el programa de CiU ya fueron expuestas por el consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat, Artur Mas, el pasado mes de enero. En aquella ocasión ya reivindicó la necesidad de que la Generalitat sea la que gestione la Agencia Tributaria o, si ello no es posible, pueda crear una propia. Esta vez, las reclamaciones fiscales que CiU ha-ce en su programa electoral -aumento del techo competencial y nuevo sistema de fi-nanciación- no se justifican con argumentos soberanistas sino que se remiten a la necesidad de aumentar el bienestar de los ciudadanos.