Más fugas para el GIL

Una nueva tránsfuga del PSOE, esta vez en Ceuta, abre la posibilidad de que el GIL se alce con la presidencia de esa ciudad autónoma mediante una moción de censura contra la coalición formada con el exclusivo objetivo de evitar que gobernase el GIL precisamente. Ello ocurría el mismo día en que el presidente de la Asamblea de Melilla hacía caso omiso de la resolución de la Junta Electoral Central que devolvía al PSOE el escaño necesario para que prosperase otra moción de censura, ésta contra la coalición formada en torno al GIL.Dondequiera que aparece la singular formación política creada por Jesús Gil a su imagen y semejanza están aseguradas la moción y la emoción, y también la confusión: la propia y la que crea a su alrededor. La mezcla entre intereses públicos y privados es la esencia del gilismo. Pero para imponerse necesita a su alrededor competidores susceptibles de ser comprados.

La diputada ceutí Susana Bermúdez ha justificado su pase al Grupo Mixto -desde el que votará la moción de censura- con argumentos similares a los utilizados por Malika Mohamed en Melilla para explicar su voltereta: el desconocimiento de la realidad local por parte de los dirigentes que habían decidido "desde Madrid" un pacto PP-PSOE que consideran contra natura, y la necesidad de responder al "clamor popular". En ambos casos se trata de razones insustanciales. No es tan difícil saber lo que pasa en Melilla o en Ceuta. Que existe una relación difícil entre el PP y el PSOE y una considerable distancia entre los programas respectivos no es ninguna originalidad de esas ciudades: pasa en todas. Y si hay incompatibilidad entre el PSOE y el PP, más la hay entre cualquiera de esos partidos y el de Gil.

En Marbella, por ejemplo, no es posible evitar que gobierne, porque tiene mayoría absoluta. Pero es lógico que donde sea posible impedirlo lo intenten las fuerzas responsables. Especialmente en ciudades como Ceuta y Melilla, donde están en juego intereses que desbordan los puramente locales. La fantasía de Gil de hacer de Ceuta una especie de Hong Kong mediterráneo aumenta la aprensión.

La diputada tránsfuga ha añadido una razón moral: que una de las primeras decisiones de los miembros de la nueva Asamblea de Ceuta fue subirse el sueldo. No parece muy prudente hacerlo, pero una forma decente de mostrar la oposición a esa medida habría sido renunciar al escaño, dejando que lo ocupe el siguiente en la lista. Lo que no resulta coherente es invocar motivos morales y marcharse con el escaño puesto, y menos para ponerlo al servicio del GIL.

El problema vuelve a afectar al PSOE. De entrada, ese partido debería pedir excusas por la reiterada ruptura por parte de sus electos de los compromisos contraídos: por dos veces en Melilla y una más ahora en Ceuta. Parece existir, además, un problema de comunicación con la dirección. La anterior ejecutiva ceutí ya dimitió en desacuerdo con la decisión de pactar una coalición alternativa con el PP, constituyéndose una gestora, de la que formaba parte la diputada tránsfuga. Todo un cúmulo de despropósitos que dejan en muy mal lugar a la dirección socialista.

La Junta Electoral Central ha desestimado los recursos presentados contra la decisión de la Junta de Zona de Melilla, que no aceptó el intento de recuperar el escaño por parte de Malika Mohamed. La discusión jurídica era si debía prevalecer la normativa general prevista en el Reglamento de Organizaciones Locales -que considera que la renuncia ha de presentarse ante el pleno-o la específicamente contemplada en el Reglamento de la Asamblea de Melilla -que establece que se presenta ante la Mesa de la Asamblea-. La Junta considera que debe prevalecer la norma específica. El criterio parece más lógico que el contrario, entre otras cosas, porque Melilla no es un municipio como los demás, sino una ciudad autónoma. También parece lógico que se rechace la pretensión del presidente de la Asamblea, Mustafa Aberchán, de aplazar la decisión hasta que dictamine el secretario general de la misma: ese dictamen no es ni preceptivo ni vinculante.

Malika Mohamed había alegado haber recibido presiones. La Junta se limita a considerar poco creíble esa razón a la vista de las cuatro semanas que tardó en darse cuenta. Pero si se entrase a considerar eventuales presiones habría que empezar por investigar los 20 millones con que quisieron sobornar, según propia denuncia, a quien ocupaba el lugar siguiente en las listas del PSOE. No es posible que acusaciones tan graves pasen a ser consideradas componente ineludible de la vida política cuando el GIL está por medio.