La diplomacia de los hermanos Marx

"Pero el único interés real del presidente Richard Nixon era la diplomacia", escribe Max Frankel, ex director ejecutivo de The New York Times, en sus memorias, publicadas en Nueva York hace pocas semanas. "La diplomacia, un deporte sin reglas y con pocas restricciones del Congreso, que Nixon y su brillante consorte, Henry Kissinger, pensaban que podían cumplir en un aislamiento imperial". El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, y sus colegas chilenos -primero José Miguel Insulza y ahora Juan Gabriel Valdés- han mantenido múltiples conversaciones y contactos con un tema central: cómo hallar una salida para el caso Pinochet. Una salida, lógicamente, "no judicial".Pero por necesidades políticas del Gobierno chileno -esto es, exhibir en Santiago, sobre todo ante los militares, los esfuerzos que se estaban haciendo para conseguir la vuelta de Pinochet-, estas negociaciones tenían que salir, en cierto momento, de su "aislamiento imperial". Tenían que tener una expresión más o menos pública. Buena parte de lo ocurrido estos días tiene que ver con esa "salida no judicial" en curso, en la cual el Gobierno de José María Aznar parecía empeñado, bajo la fórmula de aceptar un arbitraje bilateral propuesto por Chile, impulsando en agosto una serie de iniciativas.

La diplomacia chilena imprimió en junio un giro importante en el caso Pinochet, tras los cambios impulsados en el Gabinete por el presidente Eduardo Frei. El entonces canciller Insulza aseguró en mayo que había descartado la fórmula de arbitraje prevista en la Convención contra la Tortura, sobre la que Chile mantiene su reserva, antes de acudir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, y que había optado por aplicar un viejo tratado bilateral, el de 1927, para dirimir la controversia. El Gobierno chileno había sondeado al español sobre el primer arbitraje, pero Insulza, según dijo, había abandonado la idea.

El nuevo canciller, Juan Gabriel Valdés, volvió a plantear con mayor fuerza la iniciativa del arbitraje. La hora sonó el 11 de julio pasado. Ese día, en acuerdo previo con Valdés, el ministro de Asuntos Exteriores español publicó una carta-artículo en El Mercurio.

Todavía entonces, apoyado en dictámenes de sus asesores jurídicos, Matutes, en consulta con el presidente Aznar, estaba en contra de un arbitraje bilateral con Chile. Pero el 11 de julio, el tono era más conciliador, y evocaba la colaboración mantenida con los chilenos hasta ahora. "Mi Gobierno ha estado en comunicación con el Gobierno chileno y le ha ofrecido toda la colaboración posible en el ámbito de sus contactos a lo largo de los últimos meses. Concretamente, accedió a transmitir oficialmente, a través del Ministerio de Justicia, toda la información disponible que había solicitado el Gobierno de Chile sobre las actuaciones del ministerio fiscal al oponerse a los diferentes pasos procesales adoptados por el juez, junto con las razones alegadas por la fiscalía", escribía en El Mercurio.

Matutes, pues, reconocía la entrega de documentos -las "razones alegadas" por la fiscalía, cuya única "fuente" podía ser el sumario del caso Chile- a un Gobierno, el chileno, que ha decidido no personarse en la causa española.

El ministro matizaba su posición, todavía favorable a la jurisdicción española en "crímenes contra la humanidad", con dos ofertas de hecho. "Ahora bien, y dentro del respeto a nuestra legalidad y a la independencia del Poder Judicial, , lo que sí puede y quiere hacer es escuchar, y estudiar opciones, y mantener y mejorar nuestras preciadas relaciones bilaterales". Y, en segundo término, el "Gobierno español ha comunicado al chileno que respetará cualquier decisión de la justicia del Reino Unido en el caso de que ésta o el Gobierno británico decidan apreciar razones de tipo humanitario para interrumpir la extradición a España".

Matutes ofrecía una pista de hasta qué punto este caso interesa al Gobierno. "Con esta postura el Gobierno español ha cubierto todo el margen de maniobra política que le permite su posición constitucional, y lo ha hecho siendo plenamente consciente del posible costo político que ello podría tener en términos de la opinión pública española". Coste político es sinónimo de votos. En octubre o noviembre a más tardar habrá en Cataluña elecciones autonómicas; y las generales, no más allá de abril del 2000.

Ya a primeros de julio tuvo lugar un hecho, hasta ahora, inédito. El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, suspendió una visita a Chile, como parte de un viaje a Brasil y Argentina. La razón: el Gobierno de Frei comunicó al Gobierno español que la visita no era conveniente.

Rato, en declaraciones a EL PAÍS, había calificado, en mayo, el "asunto Pinochet" como un "caso penal", en el que el Gobierno nada tenía que hacer. El vicepresidente quería, pues, aprovechar la "normalización de la inversión" de Endesa España en Endesa Chile -el éxito final de la oferta pública de adquisición, a mediados de mayo- para reanudar las relaciones con Chile. Pero la recomendación de las autoridades chilenas le llevó a abandonar esa etapa.

La entrada de Endesa España, que fue bloqueada primero, entre otros, por dos representantes de instituciones del Gobierno de Frei en la Comisión Resolutiva Antimonopolios, y que más tarde se resolvió a favor de la empresa española, es una inversión de 2.155 millones de dólares (330.000 millones de pesetas).

La fuerte presencia de Endesa en Chile ha supuesto un notable incremento de las inversiones de España, que ascienden, entre 1974 y mayo de 1999, a 8.000 millones de dólares (1,2 billones de pesetas). Pero, precisamente por Endesa y otras inversiones españolas, el periodo diciembre de 1998-mayo de 1999, el más duro, habida cuenta de la influencia del caso Pinochet, ha sido el más floreciente. Se han invertido 4.200 millones de los 8.000 millones de dólares totales. En Chile, los empresarios agrupados en la central local se han pronunciado por no utilizar a Pinochet contra la inversión española.

La posición de los socialistas chilenos en el caso Pinochet, por otra parte, ha estado lejos de ser compacta. En una visita a Madrid, el senador Carlos Ominami, ex ministro de Hacienda durante el Gobierno Aylwin y firmante del Convenio de Protección Recíproca de Inversiones España-Chile, recordó hace algunas semanas que el candidato a la Presidencia de Chile en las elecciones del próximo diciembre, Ricardo Lagos, reaccionó con claridad ante el arresto de Pinochet. "Fue muy expresivo cuando dijo que el mundo le había sacado tarjeta amarilla a Chile", dijo Ominami.

Aun cuando el senador apoya la posición de su partido de que Pinochet debería ser juzgado en Chile, reconoce el efecto positivo que ha tenido la acción judicial española. "Se siente ahora que ya no es posible continuar tratando a Pinochet como a un intocable judicialmente hablando", dijo.

Cuando se le pregunta a Ominami si sería posible una petición de extradición de un juez chileno transmitida por el Gobierno de su país, el senador responde en medio de una risa: "Creo que para cualquiera que haya vivido en Chile estos años, se hace bastante díficil pensarlo. ¿Un juez encausando a Pinochet! ¡Ante una Corte de Apelaciones de Santiago, que está formada por 21 ministros, votando el desafuero? Cuesta imaginárselo y que después un juez inicie el juicio de extradición, reclamando ante Londres su mejor derecho a juzgar a Pinochet... Ahora, hay cantidad de cosas que han pasado en Chile y que costaba imaginárselas. Imaginarse al general Pinochet preso en Londres era difícil. Creo que Chile no termina de dar sorpresas". ¿Le pediría Ominami al Gobierno español que retire la solicitud de extradición de Pinochet? Respuesta: "Mm... mm.. Nunca le pediría tal cosa a España". Ominami deplora que todos los partidos de su país negociaran con Pinochet la transición política como lo hicieron, en 1990. Pero si Ominami no dramatiza el presunto "deterioro" de las relaciones España-Chile, tras la carta de Matutes, el ministro de Relaciones Exteriores Valdés sí lo hacía. Valdés, socialista, hijo de un ex ministro de la Democracia Cristiana muy perseguido por Pinochet, "agradecía", en una misiva del 23 de julio, publicada en el ya citado periódico chileno el domingo 25, un día antes de ser recibida por Matutes, el envío de otra documentación. Se trata de materiales de trabajo que el ministro no había mencionado en su carta pública -dictámenes jurídicos en posesión del Ministerio de Asuntos Exteriores español-, que el propio canciller chileno citaba a la hora de cuestionar, en términos muy agresivos, la posición española sobre el caso. Valdés insistía en que Matutes diera luz verde al arbitraje e instruyera actuaciones concretas -con todo detalle, subrayando su "inacción", no sin razón, para su causa- del fiscal Eduardo Fungairiño y sus muchachos. La misiva de Valdés aceleró los pasos. Tras recibirla, el Gobierno admitió en círculos restringidos, estar dispuesto a solicitar un dictamen al Consejo de Estado sobre la petición del arbitraje amistoso de cara a una salida no judicial. Hasta entonces, los dictámenes jurídicos solicitados por Matutes eran contrarios al arbitraje. El Consejo emite dictámenes no vinculantes, pero, como dice un hombre que sirvió años en la Administración, "cuando te decides a ir al Consejo, que en gran parte tú mismo has designado, es porque sabes que el dictamen te servirá de algún modo".

Matutes dio entonces un paso para buscar el respaldo a su nueva política. Se entrevistó el viernes 30 de julio con Joaquín Almunia, secretario general del PSOE. El ministro expuso que el canciller Valdés presiona a favor del arbitraje y que el Gobierno estudia aceptarlo, previa consulta al Consejo del Estado. Almunia le dijo que si se da el caso de que el asunto deba ser llevado al Parlamento, el PSOE se opondrá y planteará que siga el procedimiento de extradición. Según fuentes socialistas, si el Consejo de Estado avalara el arbitraje sin pasar por el Congreso, la oposición del PSOE sería aún más dura.

Pero antes del viernes 30, la Fiscalía de la Audiencia Nacional movía pieza, en línea con lo solicitado por Valdés. El fiscal Pedro Rubira depositaba el jueves un escrito en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, encargada de resolver en septiembre próximo los recursos de apelación contra varias resoluciones del juez Baltasar Garzón. Pedía la libertad de Pinochet por haber pasado más de cinco meses desde que la fiscalía elevara un recurso contra el auto de prisión del ex dictador, la resolución que precedió a la petición de arresto a Londres, y que está pendiente de resolución. Este hecho, según el fiscal, vulnera la Constitución.

Tras la revelación del escrito y las informaciones sobre el arbitraje, Garzón dictó una providencia y dirigió dos oficios a Asuntos Exteriores pidiendo información. Se espera que en un plazo de 10 días, Matutes envíe al juzgado y al Congreso, a petición del PSOE, los documentos que se entregaron a Chile.

Que el fiscal de la Audiencia Nacional no actuaba solo ha quedado acreditado por la intervención de la Fiscalía General del Estado, el pasado viernes, que "desarrolló" con más detalles las alegaciones de Rubira contra las resoluciones de Garzón. "El Gobierno de Aznar chapotea en el mismo lodo cada día con un pie diferente. Cuando levanta un pie, deja caer el otro y se vuelve a salpicar. Es comos los gags cómicos de los tres chiflados", dice un abogado relacionado con el caso. Mientras, en Londres, el juicio de extradición de Pinochet está señalado para el 27 de septiembre.