La fiscalía investiga un nuevo fraude en las ayudas al aceite

La Fiscalía de la Audiencia de Sevilla investiga las actividades de al menos nueve empresas y varias almazaras de la provincia andaluza que habrían falsificado certificados de molturación (prensado de aceituna) y producción de aceite de oliva para conseguir así, de forma fraudulenta, ayudas de la Unión Europea, según informó ayer la cadena SER.La investigación se basa en informaciones recabadas por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, que en agosto de 1997 comunicó a la fiscalía sus sospechas sobre las actividades de varias entidades en las que figura como administrador o socio Lorenzo Pérez Montero. Fuentes de la consejería aseguraron ayer que no existía una relación estrecha entre estas empresas y las que, según el informe que trasladó el martes el Ministerio de Agricultura a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), presentaron otros certificados falsos en los últimos tres años para intentar conseguir ayudas (entre 600 y 1.500 millones de pesetas que no llegaron a cobrar) de la UE.

Las sociedades investigadas por la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla se dedicaban a alquilar pequeñas fincas de olivar (entre 50 y 100 hectáreas), que en algunos casos volvían a alquilar a otra empresa de Pérez Montero, Valdemarina, que, a su vez, vendía la aceituna a Agralsa, una empresa que se dedica al comercio al por mayor de aceite. Agralsa, de la que es socio Rafael Morales Morillo, implicado en otros presuntos intentos de fraude en la petición de ayudas, llevaba la aceituna a varias almazaras de la provincia, como Aceites El Torero o Nuestra Señora del Rosario, en las que también figura como socio Pérez Montero.

Cantidades "hinchadas"

Las almazaras emitían certificados de molturación (requisito imprescindible para solicitar las ayudas a la Unión Europea) en los que declaraban haber procesado una cantidad de aceituna muy superior a la real. Estos certificados hinchados permitían a los productores, las sociedades que alquilaban pequeñas parcelas a los agricultores, pedir a la Consejería de Agricultura que tramitara su petición de subvención a Bruselas. Fuentes de la consejería confirmaron que la petición de la campaña 1995-96 fue atendida, aunque la cantidad cobrada "no es muy significativa". Los expedientes de las campañas 1996-97 y 1997-98 fueron paralizados una vez que los técnicos de la Junta de Andalucía descubrieron la existencia de supuestas irregularidades. Entre las sociedades investigadas por la fiscalía se encuentra la empresa Aljarón (de la que también es administrador Pérez Montero), que alquiló una finca al delegado de Comercio del Ministerio de Economía en Andalucía, quien negó a este periódico ser apoderado de la empresa, fundada en 1995, como figuraba "por error" hasta marzo de este año en el Registro Mercantil.