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Los abogados de Castellón critican por desigual la ley de enjuiciamiento

María Fabra

El decano del Colegio de Abogados de Castellón, Vicente Falomir, manifestó ayer el rechazo del colectivo a la nueva ley de enjuiciamiento civil ya que, según dijo, fomentará las desigualdades entre ricos y pobres. Falomir basó esta afirmación en el hecho de que la nueva ley prevé que la asistencia preceptiva de un abogado se dé únicamente en los casos que superen la cuantía de cinco millones de pesetas. Así indicó que, en un mismo caso, las personas con menos recursos no podrán optar a un letrado de oficio, mientras que aquellos que dispongan de medios económicos accederán a él ya que podrán pagarle. Falomir aseguró que la nueva ley supondrá, además, otro tipo de desigualdades puesto que los recursos de casación están limitados. De esta manera, habrá procesos en los que no se pueda recurrir al Tribunal Supremo, sino al Superior de cada autonomía. Debido a que cada uno de estos tribunales tiene unos magistrados, el criterio no será el mismo en todos los fallos. El decano de los abogados castellonenses indicó que el Gobierno fijó como objetivo de esta normativa el de superar las deficiencias y los retrasos. Sin embargo, según Falomir, la aplicación de la nueva ley llevará a "un auténtico colapso". Los datos desvelados por el colectivo de letrados indican que las causas de cuantía menor a cinco millones de pesetas suponen el 80% de los procedimientos. Falomir aseguró que todos los partidos, excepto Convergència i Unió han manifestado su postura favorable a la ley. Sin embargo, algunos colectivos de abogados la han calificado de "bodrio jurídico esperpéntico". Para el decano de los letrados castellonenses, las prisas de la ministra Mariscal de Gante por aprobar la ley quizá se deban a que espera que se le titule como "la ley Margarita".

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