Los inmigrantes piden a Pujol más participación política y social

Representantes de 11 asociaciones de inmigrantes de Cataluña solicitaron ayer durante una reunión con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que se facilite su participación política en la toma de decisiones para lograr su igualdad social con el resto de la población. La actual Ley de Extranjería es, en su opinión, el mayor obstáculo para conseguirlo, por lo que reclamaron su modificación y que se aborde la inmigración como un tema social, no policial. Pujol, por su parte, prometió que "se hará el máximo esfuerzo posible".

El encuentro había sido solicitado por escrito a Pujol el pasado día 23 por estos colectivos "conscientes de la gravedad de los incidentes" racistas ocurridos en Terrassa y Banyoles el mes pasado y ante el temor de que esos hechos "pueden repertirse en otras ciudades", según explicaban en la carta. Entre los colectivos que solicitaron la entrevista figuran la Federación de Colectivos de Inmigrantes de Cataluña (FCIC) y la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIME), la más representativa de la población de aquel país. Este colectivo de inmigrantes son el 40 % de los no comunitarios que viven en Cataluña. Muneim Azagrar, portavoz de las asociaciones, explicó al acabar la reunión que habían solicitado información a las autoridades catalanas sobre las medidas que adopta la Generalitat para facilitar la integración social de los inmigrantes. Realidad social En su opinión, la inmigración debe ser tratada como "una realidad social y no como un problema policial". En este sentido, solicitaron la modificación de la Ley de Extranjería y la redacción de un estatuto del inmigrante que defina sus derechos y deberes, como el derecho al voto en las elecciones municipales. Del mismo modo, reclamó que se amplíe la presencia de todas las entidades de inmigrantes en el Consejo de la Inmigración de Cataluña, un organismo que se constituyó en 1993 y que depende del Departamento de Bienestar Social. Su titular, Antoni Comas, también asistió a la reunión, junto al consejero de Gobernación, Xavier Pomés, así como el diputado de CiU Carles Campuzano, responsable de la coalición en temas de inmigración y miembro de la ponencia del Congreso que estudia la reforma de la Ley de Extranjería de 1985. Para escenificar esa receptividad del Gobierno catalán a las propuestas expresadas por los inmigrantes durante las más de dos horas que duró la reunión, se les entregó el último borrador de la nueva Ley de Extranjería que están discutiendo los diputados y que fue certificado el pasado viernes por el letrado del Congreso. "Tienen disposición a seguir reuniéndonos y esperemos que los hechos se correspondan con las palabras", explicó Azagrar. El portavoz de los inmigrantes recordó también que hace días solicitaron una reunión con representantes del Ayuntamiento de Terrassa y todavía no han respondido. Jordi Pujol, por su parte, afirmó que la Generalitat haría "el máximo esfuerzo posible" para mejorar las condiciones de los inmigrantes y explicó que es una cuestión que afecta a la escuela, la sanidad, el trabajo, la residencia y la posibilidad de reagrupamiento familiar. El único compromiso concreto de Pujol fue el de ampliar la presencia de estos colectivos en el Consejo de la Inmigración durante la próxima legislatura y recordar que CiU había presentado una proposición no de ley para modificar la Ley de Extranjería, como también lo hicieron, meses atrás, Izquierda Unidad o Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya. Tras estas iniciativas parlamentarias, el Congreso acordó crear una ponencia para modificar la ley, que muy probablemente se aprobará antes de acabar la legislatura. PÁGINA 3