Un hostelero acusa a la juez Ramírez de parar una demanda millonaria

Patrice Scemama, un empresario de hostelería francés, perdió el patrimonio de su familia en una operación inmobiliaria en Marbella con Felice Cultrera y Gianni Mennino, los presuntos miembros de la Mafia siciliana a los que la Fiscalía Anticorrupción vincula con Jesús Gil. Su reclamación de 540 millones de pesetas la instruyó la juez Pilar Ramírez, a la que acusa de "haber dejado dormir el asunto", que acabó sin sentencia por caducidad.

El hotel El Saladillo Beach Club, en Estepona (Marbella), parecía un remanso de paz. Estaba situado en primera línea de playa y era el buque insignia de un complejo de 40 bungalós regentado por la familia Scemama. Maurice, un empresario francés de 73 años, había llegado a España en los años setenta y comprado por 25 millones de pesetas una parcela de 25.000 metros cuadrados en primera línea de playa. Allí levantó su discreto imperio hostelero. Su hijo Patrice se ocupaba de regentar el hotel. Todo transcurría bien hasta que el joven Patrice, que soñaba con hacer crecer el negocio familiar, conoció a Felice Cultrera y a Gianni Mennino, dos italianos afincados en Marbella, a los que la policía vincula con el clan mafioso de Santapaola. A partir de ese encuentro, un cúmulo de errores y circunstancias les llevó a la ruina, según relata este último a EL PAÍS desde Miami (Florida). Patrice, de 43 años, reconoce que en 1987 los italianos le impresionaron: "Me presentaron a Mennino. Quería construir 56 apartamentos en nuestros terrenos. Me llevó a Quo Vadis, la casa de Cultrera. Había un Rolls-Royce y cuadros fabulosos. Parecían gente importante. Acordamos que financiarían con 200 millones la construcción de los bungalós y nosotros aportaríamos el terreno". Pero el dinero prometido por Cultrera y Mennino nunca llegó. El único signo de que la oferta de los italianos iba en serio fueron unas excavadoras que trabajaron durante unos días en los terrenos de El Saladillo hasta que las protestas de varios vecinos consiguieron parar sus motores. Patrice asegura que tenía licencia de obras y proyecto de ejecución. El primer trato fue entre Spanam, sociedad de los Scemama, y Promociones Urbanas, SA, una de las múltiples sociedades que Juan Ramírez, ex oficial de juzgados y padre de la juez decana de Marbella, creó para los italianos. "No llegó el dinero, pero nos ofrecieron comprarnos todo el complejo. Ofertaron 540 millones, pero dijeron que la operación la haríamos con una sociedad distinta, llamada Alpina Traiding, propiedad de Paolo Bortolami". Los Scemama mordieron el anzuelo y aceptaron, también, el segundo acuerdo. Patrice fue al notario acompañado de Mennino, "que actuaba como si fuera mi abogado y me decía que estaba allí para defender mis intereses". Allí firmaron una venta de acciones de Spanam, propietaria de los terrenos, a Alpina Trading. Se establecieron cuatro plazos. Los 540 millones estarían liquidados en seis meses y el dinero llegaría de una cuenta en el Overland Trust de Lugano (Suiza). Un socio de Bortolami tenía que enviarlo a un banco en Puerto Banús. Al día siguiente de cumplirse el primer plazo, los Scemama no habían recibido ni un céntimo. "Al protestar, Mennino me dijo que Cultrera quería verme. En su casa comprendí que lo había perdido todo. Cultrera argumentó que se iba a quedar con el dinero del pago porque existían varios pleitos con algunos vecinos y hasta que no se resolvieran quería garantizar al comprador. Una excusa falsa, porque los contenciosos eran menores". Al salir de Quo Vadis, el joven empresario francés se fue a buscar a un abogado y presentó una demanda civil contra Cultrera en un juzgado de Estepona. Le reclamó los 540 millones que no había cobrado. Era septiembre de 1988. Alpina Trading planteó, entonces, que el caso se juzgara en Marbella. Los italianos consiguieron que el asunto pasara a los juzgados de esa ciudad, un terreno en el que, gracias a Juan Ramírez, su asesor y amigo, se movían como pez en el agua. Tras pasar por el Juzgado número 1, donde su titular anuló un intento "desesperado" de los Scemama de vender sus terrenos al dueño de la urbanización El Paraíso, la reclamación de los 540 millones fue a parar a manos de Pilar Ramírez, la hija del amigo y asesor del denunciado. La decana no se abstuvo e instruyó el caso. Patrice, se lamenta: "Ya me advirtió mi abogado que no teníamos nada que hacer porque el caso estaba en sus manos. Pero entonces no sabíamos lo que se ha destapado ahora. Sólo eran rumores". El empresario francés ignoraba que este asunto se convertiría en el de mayor cuantía de los 16 que instruyó Ramírez pese a afectar a los intereses de los italianos, clientes de su familia, y por los que ha sido expedientada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Scemama asegura: "Desde que el asunto cayó en las manos de Ramírez quedó dormido. Nunca me llamaron al juzgado. Hubo una parálisis total pese a tratarse de un asunto de mucho dinero. Ahora entiendo por qué lo dejó morir". Según la versión de Patrice, los italianos traspasaron todos los bienes de Alpina Trading a una sociedad en Gibraltar y luego la vendieron. "Lo perdimos todo. No nos pagaron ni una peseta. No pudimos ni seguir pagando a nuestro abogado". En 1995, Ramírez archivó la reclamación de los Scemama sin sentencia por caducidad.