Una juez investiga si una ONG cambió el destino de algunas subvenciones

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, investiga desde hace ya casi dos años a una organización no gubernamental que pudo utilizar fraudulentamente parte de las subvenciones que le concedió la Generalitat, principalmente en el periodo comprendido entre 1994 y 1997. Según fuentes cercanas al caso, las pesquisas de la magistrada y la fiscal actualmente adscrita al caso, Rosa Ruiz, se iniciaron a finales de 1997, cuando la Administración autonómica no logró que la asociación justificara el uso o devolviera parte del importe de una subvención de alrededor de 12 millones de pesetas. La ayuda fue concedida para un proyecto de cooperación en Guatamela. La ONG en cuestión es la Liga Española Pro-Derechos Humanos. La sede central de esta entidad, con sede en Madrid, fue fue interpelada en junio de 1997 por la Dirección General Interior de la Consejería de Presidencia. El motivo, bien claro: la existencia de otra organización del mismo nombre pero con distinto número de registro. La organizaicón de ámbito estatal tiene el 95.860, y la valenciana, el 137.636. Según las mencionadas fuentes, la segunda, que ubicó su sede en la calle de San Dionisio de Valencia -unas dependencias que el Ayuntamiento de Valencia cede a varias entidades sin ánimo de lucro- consiguió gestionar algunas subvenciones de varias instituciones valencianas. El uso de la mayoría de ellas no fue concretado ni, como es preceptivo en esos casos, devuelto su importe. La Administración puso los hechos en conocimiento de la Justicia. A partir de ahí, la magistrada ha ordenado a la Policía Judicial la práctica de varias investigaciones. Los agentes se pusieron en contacto con el presidente de la organización estatal de la Liga, Francisco José Alonso, y con los responsables del grupo del mismo nombre posteriormente registrado en Valencia. Varias declaraciones Además, acudieron a las entidades que concedieron las ayudas para intentar averiguar la cuantía de las subvenciones percibidas entre 1993 y 1997 y su destino final. Por ejemplo, la juez ordenó a la Dirección General de Servicios Sociales, un organismo dependiente de la Consejería de Bienestar Social, que concretará el monto de las ayudas repartidas y la relación de las personas -extranjeras- que finalmente se habían beneficiado de ellas. Alonso responsabiliza a María Dolores P. C., una antigua y efímera componente de su entidad, de ser la responsable del supuesto delito. "Esta señora formó una junta directiva compuesta por varios familiares suyos, pero al no abonar la primera cuota causó baja. No supimos más de ella hasta que nos llamó la policía", aseguró. Mientras, la magistrada continúa investigando. Varias de las personas que auspiciaron la fallida sección de la Liga Pro-Derechos Humanos en la Comunidad Valenciana han declarado en el juzgado. Sin ir más lejos, el pasado lunes compareció Fernando Millán, ex diputado provincial y ex concejal del Ayuntamiento de Valencia por el PSPV. Millán negó tener cualquier relación con las posibles irregularidades. "Hace más de cinco años que perdí cualquier contacto con esa asociación o con la persona sobre la que, en principio, se centra la investigación". La fiscal Ruiz no quiso hacer ningún comentario sobre el caso. Otro tanto, "por desconocimiento", hizo el actual representante de Liga Pro-Derechos Humanos en la Comunidad Valenciana. Francisco Carrión, no obstante, asegura que la actividad de la entidad en Valencia es mínima, "prácticamente inexistente", dijo. "Apenas tenemos socios y, desde luego, no hemos recibido ni una sola subvención", añadió.